La rendición de cuentas de Jorge Pañeda por la situación en los comedores escolares, el abono de primar por jubilación pendientes y el debate en torno al problema de la vivienda contribuyeron a enrarecer el ambiente de una sesión ya de por sí sumamente tensa
«Áspero», «denso», «enlodado», «innecesariamente polémico»… Estos cuatro calificativos, y algunos otros más bastante menos edificantes, pudieron escucharse alrededor de las dos de la tarde de este miércoles, poco después de que, tras más de tres horas, sólo interrumpidas por un breve receso de treinta minutos, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, diese por oficialmente terminado el Pleno ordinario de febrero. Para el recuerdo quedaban algunos debates notablemente viscosos, aderezados con encontronazos entre los distintos grupos políticos que, incluso, en momentos puntuales llegaron a precisar la intervención mediadora de la regidora. Porque, de justicia es admitirlo, varios de los temas abordados ayer demostraron ser de naturaleza polémica, tales como las críticas vertidas contra el servicio de comedores escolares, el problema de la vivienda o las primas pendientes de abonar a una parte de los trabajadores municipales jubilados. Fue, en suma, el caldo de cultivo perfecto para un Pleno poco edificante que, confesaban los participantes en el mismo, ojalá no siente cátedra y marque las tónicas de los muchos que están por venir. El próximo, sin ir más lejos, mañana viernes, para aprobar, o no, la modificación urbanística que posibilitará la construcción del futuro hospital del Grupo Quirón.
1. Pago de primas al personal municipal jubilado en 2022 y 2023. Ya el primero de los temas abordados anticipó el ambiente general que se iba a respirar. Una propuesta conjunta presentada por el PSOE, Izquierda Unida (IU) y Podemos para que se pagasen las primas pendientes a los trabajadores municipales jubilados en noviembre y diciembre de 2022, y en todo 2023. Una exposición previa de motivos, formulada por María Josefa Gutiérrez Sánchez, representante de la sección sindical de USIPA, dio paso a los alegatos favorables de los partidos proponentes, que recordaron la existencia de sentencias judiciales autorizando dicho abono en casos ocurridos en otros municipios. Así, al haber precedentes que posibilitarían el pago, desde las filas de la izquierda se acusó al Gobierno local de «arbitrariedad» por optar por no hacerlo, y se le instó a resolver lo que se entiende como una «injusticia». En último término, la petición salió adelante, pero sólo por las abstenciones de Foro, PP, el concejal no adscrito y Vox. De hecho la concejala de Hacienda, María Mitre, reiteró la voluntad de esperar a que la Sindicatura de Cuentas estime la procedencia del pago en cuestión, algo que en la oposición ven «innecesario».
2. Declaración de los cinco distritos urbanos como ‘zonas tensionadas’. Menos suerte tuvieron IU y Podemos en su pretensión de que el Consistorio accediese, por un lado, a designar los cinco distritos urbanos de Gijón ‘zonas de mercado residencial tensionado’, y por otro, a poner en vigor una nueva moratoria sobre la concesión de licencias para viviendas de uso turístico (VUT) aplicable en el conjunto de la ciudad. En el primer caso, los votos en contra del Gobierno y de Vox tumbaron la propuesta, al entender el Ejecutivo que no todas las realidades en dicho distritos justifican la catalogación de áreas tensionadas. En cuanto a la segunda demanda, al rechazo de los anteriores se sumó la del PSOE, todos ellos contrario a implementar nuevas moratorias cuando la esperada Ley de Turismo autonómica ya está plenamente operativa.
3. Disolución de EMVISA. Tampoco la suerte sonrió a Vox en su afán por lograr el desmantelamiento de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVISA), y la asunción de sus competencias por parte de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS). Semejante idea sólo contó con el respaldo del concejal no adscrito, Oliver Suárez, y del PP; eso sí, estos últimos condicionaron su apoyo a que medrase una enmienda para que la disolución de EMVISA estuviese precedida de un estudio de viabilidad. En cualquier caso, el frente común formado por la oposición de izquierdas y por Foro frenaron la pretensión de Vox, como también las de reclamar al Ejecutivo autonómico una línea de ayudas para los propietarios víctimas de impagos y ‘okupaciones’, y exigir al Gobierno nacional la derogación de la Ley de Vivienda. Eso sí, el debate de este asunto dio pie a momentos de extrema tensión entre los portavoces de IU, Javier Suárez Llana, y Podemos, Olaya Suárez, con su equivalente de Vox, Sara Álvarez Rouco; después de que esta última tachase a los dos primeros de «matones»; y de que estos exigiesen a la alcaldesa, Carmen Moriyón, que la llamasen al orden, la regidora rechazó hacerlo, argumentando que «ustedes me llaman ladrona a mí (…); esto es la democracia».
4. Plan de Accesibilidad. De nuevo, la mala fortuna se cebó con IU, que vio disuelta su esperanza de que se aprobase un Plan Integral de Accesibilidad para la ciudad. Con sólo las alianzas de PSOE y Podemos, la propuesta fue tumbada por todos los demás actores políticos en el Pleno. Desde Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación el concejal Guzmán Pendás, del PP, argumentó que, previamente, es necesario aprobar la Ordenanza de Movilidad; de lo contrario, «se estaría empezando la casa por el tejado». Por su parte, su homólogo al frente de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, recordó que ya se han llevado a cabo distintas actuaciones para favorecer la accesibilidad en el municipio, como rebajes de bordillos, ensanchamiento de aceras o supresión de barreras arquitectónicas. Y concluyó enfatizando que en próximas semanas se iniciarán las obras de itinerarios accesibles, la habilitación de plazas de movilidad reducida cerca de las viviendas adaptadas de La Camocha, y se estudian también estudian las ocupaciones de terrazas y obras en vía pública para que no restrinjan la movilidad, de la mano de COCEMFE.
5. Comedores escolares. No obstante, el instante más severo llegó cuando, a petición de IU y de Podemos, el concejal de Educación y Deportes, Jorge Pañeda, del PP, compareció para explicar la situación que se está dando en la red de comedores escolares públicos del concejo, gestionada por SERUNION. Frente a las críticas de las familias y de las dos formaciones de izquierdas, que señalan «graves deficiencias» en la calidad de los alimentos y en las medidas de seguridad, según cierto informe elaborado por la Consejería de Salud y publicado en octubre, Pañeda utilizó el mismo documento para insistir en que el servicio en cuestión es «bueno», en que el grueso de los defectos detectados son «leves» o «circunstanciales», y en acusar a ambos partidos de incurrir en la «irresponsabilidad» de incitar a las familias al «alarmismo». El edil llegó al punto de restar importancia a que se descubriese que se estaba utilizando aceite de girasol en lugar de usarlo de oliva, alegando que «ni que les estuviésemos dando a los niños aceite de colza», y comparó a IU y a Podemos con el Tercer Reich alemán, apuntando que «la propaganda nazi predicada lo de que si se repite una mentira mil veces, será verdad». Huelga decir que todo ello desató la ira no sólo de las formaciones en la oposición, sino también de los progenitores de los alumnos, con una parte de ellos presentes en la sala y otros, concentrados a las puertas de la Casa Consistorial. Estos últimos increparon a Pañeda en el momento del receso.
