El diputado Andrés Ruiz critica que, en el momento del cese de la actividad en el histórico edificio, el Principado lo recibió «en pleno funcionamiento», y ahora «quiere devolver a los gijoneses un inmueble abandonado que presenta serias deficiencias»
El presente y, más concretamente, el futuro inmediato de los antiguos Juzgados de Gijón, ubicados en la calle Decano Prendes Pando, vuelve a hacerse un hueco en la actualidad política del Principado. O, al menos, lo hará de forma inminente, pues el Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP) ha hecho pública este lunes su pretensión de exigir al Gobierno autonómico rendición de cuentas por el estado de «deterioro y abandono» que presenta el histórico inmueble. Una situación que, a juicio del diputado Andrés Ruiz, se ha tornado en problema creciente, toda vez que la zona «se está convirtiendo en un foco de inseguridad e insalubridad» para los vecinos, sin que el Ejecutivo regional y, sobremanera, la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos, presidida por el socialista Guillermo Peláez, haya tomado medidas efectivas al respecto.
«Parece que el Gobierno de Adrián Barbón sigue sin asumir su responsabilidad en el mantenimiento del edificio, al cual apenas se han destinado 18.000 euros en los últimos diez años«, ha afirmado Ruiz en un comunicado, antes de confirmar que exigirá la comparecencia de Peláez en la Junta General del Principado para que dé las oportunas explicaciones sobre el particular. En ese sentido, el diputado popular ha criticado que, en el momento del cese de la actividad en los Juzgados, el Gobierno autonómico recibió de manos del Estado un edificio «en pleno funcionamiento», mientras que ahora, doce años después de que su utilidad quedase suspendida, «quiere devolver a los gijoneses un inmueble abandonado que presenta serias deficiencias».
Y es que, desde que cerrase sus puertas en 2013, el inmueble, sometido a escaso mantenimiento, se ha transformado no sólo en un foco de problemas, sino también de protestas ciudadanas, protagonizadas tanto por las entidades sociales de la ciudad, como por organizaciones sindicales. La propia Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), en septiembre del año pasado, cifró en poco más de seis millones de euros el coste de las obras para rehabilitar las tres plantas del bloque, del que recientemente se desprendieron varias piezas que, afortunadamente, no alcanzaron a golpear a ningún transeúnte. de ahí que la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, también del PP, reforzase las palabras de Ruiz para denunciar que «los últimos efectos que se han producido, con la caída de cascotes, no solo ponen en peligro la seguridad de los vecinos y transeúntes, sino que evidencian la desidia del Principado a la hora de asumir sus responsabilidades«.
