En 2023 Foro defendía medidas preventivas «aunque no exista riesgo inminente»; hoy no respalda de forma unánime una moción sobre el burka. El nivel de Alerta Antiterrorista sigue siendo 4
El debate sobre la seguridad en el Ayuntamiento de Gijón ha reavivado este miércoles una contradicción política que se remonta a septiembre de 2023. Entonces, el Gobierno municipal —liderado por Foro— defendía con firmeza la necesidad de adoptar medidas preventivas en un contexto de alerta antiterrorista. Hoy, sin embargo, el mismo grupo ha votado dividido ante una moción que apelaba precisamente a reforzar controles en dependencias municipales.
La polémica se ha producido durante el Pleno de esta mañana en el que se ha debatido una iniciativa de Vox para prohibir el uso de prendas que cubran el rostro, como el burka, en edificios municipales. La propuesta fue rechazada al no alcanzar mayoría suficiente, aunque contó con los votos favorables de Vox, Partido Popular y el concejal de Foro Pelayo Barcia. El resto de la corporación votó en contra.
Más allá del rifirrafe político vivido en la sesión —incluido el cruce entre la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, y la alcaldesa, Carmen Moriyón— el foco se ha desplazado hacia el precedente de 2023 y el marco argumental que entonces esgrimía el Gobierno local.
En la Comisión de Seguridad Ciudadana del 5 de septiembre de 2023, la concejala del área, Nuria Bravo, justificó las medidas de protección institucional apelando de forma expresa al contexto nacional e internacional. “Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista”, señaló durante la sesión. Y añadió una frase que hoy cobra especial relevancia en el debate político: “No hace falta que exista un riesgo inminente, basta con la posibilidad de que pueda suceder algo”.
El Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA) es el sistema oficial del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista del Estado y contempla cinco escalones —del 1 (riesgo bajo) al 5 (riesgo muy alto)—. España se mantiene actualmente en el nivel 4 sobre 5, lo que implica un riesgo alto de atentado terrorista y la aplicación de medidas reforzadas de seguridad en lugares públicos, eventos multitudinarios, transporte e infraestructuras sensibles. Este nivel permanece activo desde los atentados yihadistas de 2015 como respuesta preventiva ante amenazas persistentes.
El posicionamiento del Gobierno municipal en 2023 se producía, además, semanas antes de varios atentados vinculados al terrorismo islamista en Europa. El 13 de octubre de 2023, un ataque en Arras (Francia), perpetrado por un individuo vinculado a ISIS, dejó un profesor muerto y tres heridos. El 16 de octubre, un tiroteo en Bruselas con motivación islamista causó dos víctimas mortales. Y el 2 de diciembre, otro atentado reivindicado por el Estado Islámico en París dejó un fallecido y dos heridos.
El conjunto de aquel año estuvo marcado por un refuerzo generalizado de la vigilancia antiterrorista en la Unión Europea. Las fuerzas de seguridad registraron centenares de detenciones vinculadas al yihadismo —334 de un total de 426 relacionadas con terrorismo— y mantuvieron una especial atención sobre la amenaza de actores radicalizados en solitario, considerados la forma más común de riesgo.
En ese contexto, el Gobierno local defendía una interpretación amplia del principio de prevención, amparándose también en las competencias que la Ley Orgánica 2/86 atribuye a la Policía Local en materia de protección de autoridades y custodia de edificios públicos.
La comparación con el debate actual resulta inevitable. La moción de Vox de hoy ha apelado igualmente a la prevención, en este caso vinculada a la identificación de personas en dependencias municipales. Se argumenta que impedir el acceso con el rostro cubierto es una medida básica de seguridad. Sin embargo, el grupo de Foro no cerró filas en torno a esa propuesta, evidenciando una posición menos contundente que la expresada dos años atrás cuando se invocaba el nivel 4 de alerta antiterrorista como marco justificativo.
El contraste no radica en una medida concreta, sino en el alcance del concepto de prevención. En 2023 se defendía que la mera posibilidad justificaba actuar. En la actualidad, ante otra iniciativa fundamentada también en la anticipación al riesgo, el discurso aparece matizado y políticamente más complejo. La cuestión que queda sobre la mesa es si el principio preventivo invocado en un contexto de alerta antiterrorista alta mantiene hoy la misma vigencia en el ámbito municipal o si su aplicación depende del tipo de medida y del proponente. Ese es el eje del debate que ha vuelto a tensionar el Pleno gijonés.
