Cuando quiera establecerse una vivienda de uso turístico, necesitará el permiso de la junta de propietarios de su comunidad, con lo que «se fortalece el control local y se garantiza que los intereses de los residentes sean escuchados y respetados», defiende la diputada Lidia Fernández
La Junta General ha aprobado este miércoles en sesión plenaria el dictamen sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de cuarta modificación de la Ley del Principado de Asturias de Turismo, para regular los pisos turísticos, con el voto a favor de los 24 escaños del PSOE, IU-Convocatoria por Asturias, el diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. Han votado en contra los 21 diputados que suman el Partido Popular y Vox. Los cambios más significativos con los que cuenta la reforma incluyen la necesidad del potencial piso turístico de contar con una acreditación por parte de la comunidad de vecinos del inmueble, además de la obligatoriedad de alquilar las viviendas turísticas en su totalidad, evitando el arrendamiento por habitaciones, y cumplir con los requisitos de accesibilidad y sostenibilidad, como se exigen a otro tipo de alojamientos.
La diputada socialista Lidia Fernández ha explicado que «esta reforma va en consonancia con el anunciado registro digital del Ministerio de Industria y Turismo de todos los alojamientos turísticos que se comercializan en las plataformas de alquiler de España, para facilitar la identificación de las ofertas ilegales» y que protege la «escucha» a la junta de propietarios de las comunidades de vecinos. «A partir de ahora, cuando una vivienda de uso turístico quiera establecerse como tal, necesitará una acreditación de la Junta de Propietarios de su comunidad. De esta manera se fortalece el control local y se garantiza que los intereses de los residentes sean escuchados y respetados», dice.
Del mismo modo, Fernández cree que esta reforma ayudará a «consolidar la calidad del turismo, ordenar un sector en claro crecimiento y mejorar de nuevo la convivencia entre visitantes y vecinos«. Ha detallado tres objetivos fundamentales con los cambios en la ley asturiana: establecer como principios de la acción turística la sostenibilidad, la autenticidad, la identidad regional y la calidad de los recursos y servicios; incorporar con rango de ley las viviendas de uso turístico como una modalidad de alojamiento reconocida y regulada; y regular la inspección y el régimen sancionador, enfatizando de manera especial la actividad clandestina y el intrusismo profesional.
La diputada del Partido Popular Sandra María Camino ha sido la encargada de defender enmiendas de su grupo y señalar la «desolación» que le produce el texto planteado, por carecer de «rigor ni nivel técnico» y, por tanto, no aportar «seguridad jurídica». La portavoz de Vox, Carolina López, sostiene que esta reforma buscaba «prohibir, que no regular, las viviendas de uso turístico», pero «su principal objetivo les salió rana y su ley se queda vacía de contenido en este sentido, porque finalmente no les ha quedado más remedio que hacer una simple mención a la ley nacional». Del mismo modo, sostiene que las enmiendas todavía «empeoran» el texto original.
Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha puesto el acento en el «impacto negativo» de un desarrollo descontrolado de la desindustrialización y ha hablado sobre una «turistificación de la economía asturiana». «El turismo no debería ser el principal tractor de la economía asturiana, sino un sector complementario a lo industrial», defiende, abogando por «buscar un equilibrio que logre maximizar los aspectos positivos y minimizar los negativos» del turismo. Para Tomé, la reforma de la ley tendría que ser más ambiciosa, pero entiende que es necesario actualizar la regulación del sector turístico aunque sea «mínimamente», al tiempo que sostiene que las enmiendas del PP «no aportan nada».
También desde el Grupo Mixto, el forista Adrián Pumares ha lamentado igualmente que la reforma legal no pueda ser más ambiciosa pero entiende que «sí cumple objetivos» en el ámbito de las competencias del Principado de Asturias, por lo que ha mostrado su respaldo al proyecto. En ese sentido, ha incidido en la demanda de regulación tanto por parte de ayuntamientos especialmente afectados por las viviendas de uso turístico como es el caso de Gijón, como por parte del sector de la hostelería.
Desde IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas ha incidido en que esta reforma no solo es importante sino también urgente. «Estamos asistiendo a una auténtica emergencia habitacional en nuestro país y, concretamente, en nuestra comunidad autónoma. Para Convocatoria por Asturias esta ley no va solo de regular las viviendas de uso turístico. Va, sobre todo de proteger un bien jurídico que es el derecho de los ciudadanos a la vivienda, consagrado en el artículo 47 de nuestra Constitución. Y eso consiste en limitar el uso especulativo de un bien de primera necesidad, como es la vivienda», ha argumentado.
