Ovidio Zapico, consejero de Derechos Ciudadanos, justifica las demoras por la necesaria «prudencia política», aunque afirma que «no podemos permitirnos el lujo de que pase otra legislatura» sin la norma
Hablar de la creación de una ley autonómica que blinde los derechos de la población LGTBI+ es hacerlo de una de las reivindicaciones más ansiadas, peleadas y dilatadas en el tiempo de cuantas ha protagonizado dicho colectivo. Sin embargo, en esta ocasión, parece ser que el gobierno del Principado está realmente decidido a sacar adelante la norma en cuestión. Así lo ha expresado este miércoles el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien ha aclarado que «se ha retrasado unos meses la presentación del proyecto de ley», como consecuencia de lo que ha llamado un ejercicio de «prudencia política». Con todo, ha sentenciado que «no podemos permitirnos el lujo de que pase otra legislatura».
A juicio de Zapico, dado que la intención del ejecutivo autonómico es buscar «el consenso más amplio posible» en la Junta General del Principado, que garantice la aprobación final de la norma, se deben comprender las demoras, a tenor de la «complejidad» del proceso y del «clima» que rodea la cuestión, y que suscita opiniones encontradas. La meta última es «el desarrollo de esta ley en la zona de conflicto, buscar una zona que tiene que ser de debate, de pluralidad y que tiene que ser de recoger opiniones, pero que tiene que alejarse de todo lo que tiene que ver con la confrontación, y ese es el primer marco en el que vamos a trabajar». Una segunda línea de actuación será desarrollar «relación fluida y directa con los grupos parlamentarios, que permita ir acercando paulatinamente posiciones en torno a ese amplio consenso que yo estoy seguro que podemos alcanzar». Por último, el tercer eje tratará de incorporar «a ese proceso de discusión, de debate, de negociación y de aportación a los colectivos».
