El Principado defiende la seguridad en la estación de Valgrande-Pajares, pero denuncias y auditorías externas revelan graves deficiencias en su gestión. Trabajadores y usuarios exigen medidas inmediatas ante el riesgo
La estación invernal de Valgrande-Pajares se ha convertido en el epicentro de una polémica que desmiente la imagen de seguridad que el Principado intenta vender. Mientras la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, defiende en el Parlamento que la instalación opera bajo estrictos protocolos “por ley”, la realidad es otra: denuncias y quejas se acumulan por la gestión negligente del jefe de explotación F.B..
Desde hace seis años se repiten incidentes en la estación, que han llevado a concesionarios, clubes de esquí, vecinos y asociaciones turísticas a exigir respuestas y, sobre todo, el cese inmediato de F.B., el responsable. Los informes de dos auditorías externas, Arsua e I+C, ya han dejado claro que las deficiencias ponen en riesgo a los miles de esquiadores y a los trabajadores. Sin embargo, el Gobierno asturiano insiste en mantener el silencio y ocultar los detalles técnicos que evidencian una alarmante incompetencia.
La farsa se profundiza al recordar que este responsable accedió al cargo mediante un concurso de méritos que ha sido calificado por el diputado de Vox Javier Jové de amañado. Según Jové, se privilegiaron “cursillitos” genéricos en detrimento de la experiencia real en transporte por cable, desplazando a un interino con formación específica. Esta decisión arbitraria y opaca no sólo desvirtúa el proceso, sino que evidencia una política de favoritismos que pone en juego la seguridad pública.
Lo más indignante es que, a pesar de la existencia de protocolos garantistas y de una supuesta cadena de seguridad que avala la apertura de la estación, el Principado continúa encubriendo las carencias reales de la gestión en Pajares. En lugar de asumir responsabilidades y actuar con la celeridad que demanda la situación, la administración autonómica se contenta con discursos vacíos que, lejos de tranquilizar, alimentan el desconcierto y la desconfianza. Así, la imagen de una estación segura se contrapone brutalmente con la experiencia cotidiana de retrasos, incidentes reiterados y, casi, tragedias inminentes.
Resulta imperativo que se adopten medidas contundentes: sustituir al jefe de explotación y transparentar de inmediato todos los informes técnicos que se han mantenido en la sombra. La seguridad de esquiadores y empleados no puede seguir siendo sacrificada en aras de preservar una imagen institucional. Vanessa Gutiérrez debe dejar de tapar fallos y afrontar la cruda realidad de una gestión que, en su afán por proteger su reputación, pone en riesgo la integridad de miles de personas.
