Jesús Daniel Sánchez, director general de Vivienda, se remite a los compromisos pactados el 27 de febrero con el conocido como ‘banco malo’ para mantener en vigencia los contratos de alquiler; Podemos Xixón pide «contundencia» al Gobierno y la diputada Cova Tomé habla de «ataque brutal a los derechos de la ciudadanía»
El viernes el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón ordenaba el lanzamiento de las 14 viviendas del bloque del número 3 de Río Piloña, en el barrio de Contrueces, instaurando las 9.30 horas del 20 de octubre como límite para que sus habitantes abandonen sus viviendas. Una sentencia que las 11 familias afectadas, que viene luchando unidas contra las pretensiones de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), propietaria del inmueble después de una ejecución hipotecaria, van a recurrir.
Era el 27 de febrero cuando el Gobierno de Asturias y el conocido como ‘banco malo’ acordaban mantener en vigencia los actuales contratos del alquiler de los inquilinos, lo que paralizaba los desahuchios, un compromiso que los vecinos ya alertaban el 25 de abril que quedaba en papel mojado después de recibir un burofax de la SAREB en el que «nos declara no vulnerables, cosa que es mentira refutable y constatable. Nos declara personas no colaborativas en el proceso, que no aportaron su consentimiento y nos declara también como personas a las que hay que aplicar el proceso judicial para recuperar el inmueble. Otra vez volvemos a la casilla de salida y volvemos a abrir la vía de los desahucios y de los lanzamientos para recuperar el bloque de vecinos», apuntaba el 25 de abril su portavoz Pepo González. En junio, mientras, denunciaban irregularidades «claras» en los borradores de los contratos de alquiler sociales pendientes destinados a cinco vecinos no vulnerables y pedían una intervención de una Administración a la que ya dos meses antes señalaban: «Compra el relato argumental de la SAREB y no permite a los vecinos exponer sus dudas, porque estas dudas son acalladas mediante la no contestación. Desde el 15 de marzo no recibimos una contestación de la consejería. Tenemos que informarnos de la actualización de nuestro caso mediante preguntas parlamentarias formuladas por grupos parlamentarios».
Ahora, tras la orden judicial de lanzamiento, su director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez Fernández, presente en aquella reunión del 27 de febrero en la que también tomaron parte la vicepresidenta Gimena Llamedo y el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Ovidio Zapico, por un lado, y el presidente de SAREB, Javier Torres, y el director de Vivienda Social y Asequible, Pau Pérez de Acha, por el otro, exige que el ‘banco malo’ cumpla con el compromiso adquirido ese día de paralizar los desahucios. Así, afirma que la sentencia «choca frontalmente con lo acordado» y «con la carta recibida por parte del director de Vivienda Social de la SAREB hace apenas unos días». «Somos gente seria, somos gente de palabra y lo que se acuerda con nosotros hay que cumplirlo», añadió, esperando «que esto sea un error y que la SAREB rectifique porque si no, muy lejos de tenernos a un lado, nos va a tener enfrente».
«Elevar ya este asunto al máximo nivel»
También reaccionó a la decisión del juzgado gijonés Cova Tomé, diputada electa por Podemos, que exige al Gobierno de Asturias que interceda. Entiende que el lanzamiento supone un atentado contra derechos básicos, al someter a las familias a la opción de «irse voluntariamente o por la fuerza», y definió esta situación como «un ataque brutal a los derechos de la ciudadanía» y una falta de compromiso institucional y lealtad, tanto por parte de la SAREB como del Ejecutivo. Recordó que ya había abordado del bloque de Río Piloña 3 en la Comisión de Ordenación del Territorio de la Junta General en dos ocasiones desde febrero, sin obtener soluciones definitivas.
Desde Gijón, Olaya Suárez, portavoz de Podemos Xixón en el Ayuntamiento, criticó la «falta de sensibilidad» de la SAREB: «No es de recibo que una sociedad cuya propiedad recae mayoritariamente en el sector público se dedique a desahuciar familias». En este sentido, cuestionó la coherencia entre dicha actuación y el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «utilizar los inmuebles de SAREB para constituir una empresa pública de vivienda con un fin social». «¿Cómo puede ser compatible estar echando a la gente de sus casas con el anuncio del Gobierno central?», se preguntó Suárez, quien aseguró que «es lo que ocurre cuando la concepción de quien dirige las políticas de vivienda es que ésta es un bien de mercado».
«Por último, exigió al Gobierno de Asturias «contundencia» para «hacer cumplir lo acordado por todos los medios», incluso, «si es necesario, elevar ya este asunto al máximo nivel y llamar a la ministra Isabel Rodríguez. Que se haga cuanto antes, pero este despropósito no es comprensible ni tolerable cuando ambos niveles institucionales están en manos de gobiernos progresistas».
