Esta medida facilitará una gestión más eficaz, ágil y segura de los recursos, según la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez
El Gobierno de Asturias ha acordado este viernes destinar 2.220.071 euros al desarrollo de una nueva plataforma tecnológica que permitirá poner en marcha la historia social única electrónica y centralizar la información sobre las prestaciones que cada persona recibe del Principado, la Administración General del Estado y las entidades locales.
Según ha informado la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, esta medida facilitará una gestión más eficaz, ágil y segura de los recursos.
Las consejerías de Presidencia y de Derechos Sociales y Bienestar colaboran con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en esta iniciativa, que supondrá un claro beneficio para la ciudadanía, al reducir cargas administrativas y simplificar trámites en el acceso a las ayudas.
Por su parte, las administraciones públicas dispondrán de procedimientos más ágiles y seguros para el reconocimiento de derechos y el control de ayudas, dado que el sistema facilita una visión global de la protección social que ampara a cada persona.
La historia única incorporará todos los datos relevantes sobre los usuarios del sistema público de servicios sociales y sus unidades de convivencia familiar, así como la identificación de los profesionales que les asisten.
La plataforma, que cuenta con el respaldo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos NextGenerationUE, acortará procesos como el trasvase de beneficiarios de salario social básico al ingreso mínimo vital, puesto que la mayor parte de las revisiones podrán efectuarse sin pedir documentación a los beneficiarios.
El sistema de información integrará prestaciones económicas como las pensiones básicas o complementarias, contributivas, no contributivas o asistenciales; subsidios de incapacidad temporal, por nacimiento o cuidado de un menor, por riesgo durante el embarazo y la lactancia; protección familiar, rentas mínimas como el salario social o el ingreso mínimo vital, las rentas de integración y las ayudas de pago único.
