El abanico de tácticas incluye reducciones de velocidad o prohibiciones progresivas de vehículos pesados en determinadas áreas; desde el Ejecutivo autonómico aseguran que tomar medidas útiles en el presente «no debilita la posición negociadora» de Asturias ante el Ministerio
Son muchos los que identificaron un matiz de desafío en las palabras lanzadas ayer por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, cuando acusó al Principado de haberse «rendido» en la pugna contra el Gobierno central por la cuestión de los accesos alternativos hacia y desde El Musel. Y, pocas horas después, ese mismo Ejecutivo autonómico recogía el guante. Valiéndose de un comunicado emitido ya mediada la tarde, el Gobierno asturiano propuso al Ayuntamiento implementar medidas coordinadas para reducir la contaminación en la Zona Oeste de la ciudad y, de ese modo, mejorar la calidad de vida de los vecinos que residen en las inmediaciones de la avenida Príncipe de Asturias. Se trataría, en esencia, de tirar de corresponsabilidad y tratar de paliar cuanto antes un mal absolutamente presente hasta que, en un futuro, el Ministerio de Transportes dé pasos hacia la construcción de una opción que supla el fallido proyecto del vial de Jove. El catálogo de tácticas a implementar, opinan en Oviedo, no es, ni mucho menos, escaso; y tampoco deja fuera de la ecuación la capacidad de maniobra del Consistorio gijonés, mucho mayor de lo que se ha dicho hasta la fecha.
Así, entre las propuestas que, a juicio del Principado, podrían implantarse desde el flanco municipal figuran la regulación del tráfico y movilidad urbana. Por ejemplo, reduciendo los límites de velocidad en los tramos de mayor afectación urbana de 80 a 60 kilómetros por hora, y de 50 a 30 en aquellas zonas especialmente críticas. Del mismo modo, el Ayuntamiento podría ejecutar una prohibición progresiva de la circulación sobre aquellos vehículos pesados que carezcan de la etiqueta ambiental (A) y, posteriormente, limitar el paso de los que luzcan la etiqueta B; paralelamente, se podría priorizar el paso de aquellos vehículos que cuenten con distintivos C, ECO y Cero, y de los camiones Euro VI. También se podría potenciar el uso del transporte público, claro. Por si fuese poco, las restricciones en horas punta para el tráfico pesado, las limitaciones adicionales en jornadas con aviso preventivo por contaminación y las exenciones para servicios esenciales y vehículos con destino local acreditado son otras alternativas que entran dentro de las competencias municipales. ¿A corto plazo? Puede ser, pero servirían para ganar tiempo hasta que en Madrid se decidan a avanzar.
El protocolo anticontaminación, una herramienta útil
¿Y qué decir del Puerto de Gijón, el otro gran elemento clave en esta dilatada problemática? Bien, en el Gobierno autonómico están convencidos de que cualquiera de las medidas anteriores sería «plenamente compatible» con la actividad económica de El Musel, por lo que no supondrían perjuicios para su labor, ni entrarían en conflicto con la legislación vigente. Y tampoco es que el Principado fuese a quedarse de brazos cruzados. En la actualidad, se recordaba ayer en el comunicado remitido a los medios, continúa en vigor el Plan Estratégico de Calidad del Aire 2023-2030, mientras se sigue trabajando en la transformación y adaptación del protocolo regional de actuación en episodios de contaminación del aire. La esperanza es que este último plan de acción a corto plazo, aplicable a todo el territorio, permitirá incorporar nuevos umbrales de activación, mayores obligaciones y mecanismos de seguimiento más exigentes. Al mismo tiempo, está en curso la elaboración de un nuevo Plan de Mejora de la Calidad del Aire para Gijón, orientado específicamente a reducir estructuralmente las concentraciones de partículas menores de diez micras (PM10).
Finalmente, insisten desde el Ejecutivo autonómico, en el ámbito industrial, que es de su competencia directa, el objetivo es disponer de controles «más eficaces» y herramientas de supervisión más avanzadas sobre las emisiones industriales. Para ello, se están reforzando los sistemas de control ambiental y medición continua, la vigilancia de focos emisores, la inspección y seguimiento de las autorizaciones ambientales integradas y la capacidad de intervención ante posibles incumplimientos. Y todo ello sin olvidar que, de nuevo pasando la pelota al Ayuntamiento, desde 2021 está vigente en la Zona Oeste de Gijón un protocolo específico ante episodios de contaminación, cuya redacción y empleo corresponde al Consistorio. En ese sentido, su activación resulta «imprescindible» para garantizar una respuesta coordinada y eficaz, particularmente ante un problema en el que, como se ha demostrado en múltiples ocasiones, la prevención, y no la reacción, es la estrategia que da más réditos.
Infraestructuras pendientes
Todo lo anterior suscita una duda razonable… ¿Es posible que, si tales medidas coordinadas surten efecto, ese resultado positivo pueda ralentizar las decisiones del Ministerio o, incluso, paralizarlas por completo, al considerarlas ya innecesarias? En el Principado dudan de ello. De hecho, aunque consideran «legítima y necesaria» la reclamación al Estado de infraestructuras pendientes, o de mejoras en los accesos vinculados al Puerto y a la red estatal, eso no puede «convertirse en una excusa» para aplazar la adopción de medidas que sí pueden implementarse en el ámbito competencial municipal, o mediante cooperación institucional. Al fin y al cabo, insisten en el Ejecutivo asturiano, «actuar en el presente refuerza la posición negociadora ante el Estado, demuestra corresponsabilidad institucional y evidencia con mayor claridad la necesidad de inversiones estructurales«.
Y ni siquiera lo dicho hasta ahora evita que el Gobierno asturiano se ponga de parte de Gijón ante los retrasos que Madrid acumula en la resolución de la coyuntura. Así, en cuanto a los accesos a El Musel, el Principado considera que el Ministerio no puede seguir postergando inversiones estratégicas cuya ausencia está generando impactos económicos, ambientales y sociales claramente constatables. «La demora acumulada en su ejecución supone un incumplimiento de compromisos y una carga que está recayendo injustamente sobre el territorio y su ciudadanía«, reprochaban ayer fuentes autonómicas.
