Los informes ambientales más recientes multiplican las exigencias de seguridad en instalaciones energéticas, aunque el Gobierno asturiano sigue tramitándolas por la vía simplificada
El despliegue de sistemas de almacenamiento energético con baterías en Asturias ha abierto un nuevo frente en el debate sobre seguridad industrial y planificación territorial. Mientras el Gobierno del Principado continúa tramitando estos proyectos mediante evaluaciones ambientales simplificadas, los informes más recientes revelan un incremento notable de las medidas preventivas frente a posibles incendios. La evolución se observa al comparar distintos expedientes. El primer informe ambiental emitido por la administración autonómica para una instalación de este tipo, fechado el 9 de abril de 2024 para un proyecto en Granda, dedicaba apenas unas líneas a la cuestión. En aquel documento se solicitaba simplemente que se tuvieran “en cuenta las medidas preventivas consideradas en el documento ambiental y todas aquellas presentes en la normativa de aplicación”, además de considerar “conveniente” la existencia de un plan de autoprotección.
Sin embargo, el enfoque ha cambiado con el paso del tiempo, señalan desde Stop Baterías Asturias. El informe emitido en enero de 2026 para el proyecto BESS Trasona, en Trasona, introduce una larga lista de requisitos técnicos destinados a prevenir incendios o limitar sus consecuencias. Entre las medidas recogidas en los informes más recientes se encuentran la instalación de hidrantes con caudal suficiente durante al menos una hora, puntos de abastecimiento de agua accesibles para bomberos o el diseño de viales capaces de soportar vehículos de hasta 40 toneladas, con el objetivo de facilitar la intervención de los servicios de emergencia.
También se exige la instalación de sistemas de detección temprana de gases, humo o temperatura, mecanismos automáticos capaces de desconectar el sistema en caso de incidencia, sistemas de extinción de incendios y dispositivos para evitar explosiones por sobrepresión. A estas medidas se suman otras más recientes, como la obligación de separar los contenedores de baterías para evitar la propagación del fuego o la posibilidad de instalar paredes cortafuegos y sistemas de refrigeración mediante rociadores.
Los informes también incluyen recomendaciones urbanísticas y de seguridad territorial. En concreto, se señala que “en la configuración final de la instalación se tratará de maximizar las distancias entre las viviendas del entorno y los contenedores de baterías”, así como mantener separaciones suficientes respecto a instalaciones colindantes.
Distancias de seguridad y protección forestal
Las exigencias se extienden también al entorno natural. El informe del proyecto de Trasona plantea la necesidad de sectorizar la instalación mediante muros cortafuegos y evitar que un posible incendio pueda propagarse a masas forestales cercanas. Para ello se propone el retranqueo de las instalaciones o la creación de una franja de protección de al menos 30 metros de anchura, libre de vegetación o materiales inflamables. Además, se recomienda que las plantas dispongan de equipamiento específico para una respuesta rápida ante incidentes, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales.
Este endurecimiento de las medidas coincide con el anuncio del consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de que el Ejecutivo autonómico sacará a información pública en abril el documento de avance de las directrices que regularán la instalación de contenedores de baterías en Asturias. El debate se centra ahora en si los proyectos deben seguir tramitándose mediante evaluación ambiental simplificada o si deberían pasar por un procedimiento ordinario, considerado más exhaustivo.
