Ramón Tuero: «Mentir deliberadamente a un tribunal para perjudicar una investigación tiene consecuencias penales»
El PSOE de Gijón ha exigido este miércoles la readmisión inmediata de Esteban Álvarez, exgerente de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (EMULSA), tras una sentencia judicial que declara su despido como improcedente. La sentencia, señala el grupo político, revela posibles irregularidades y delitos cometidos por el gobierno municipal liderado por la alcaldesa Carmen Moriyón. Según el PSOE, la alcaldesa no habría tramitado una denuncia interna en el plazo estipulado por la Ley 2/2023 sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El concejal socialista Ramón Tuero ha señalado que esta omisión podría constituir un delito de prevaricación. «Era obligación de la alcaldesa tramitar la denuncia en un plazo de tres meses, y el despido de Esteban Álvarez se produjo justo un día antes de que venciera ese plazo», ha explicado el concejal, quien cuestiona la existencia y operatividad del canal de denuncias que debe existir en todas las administraciones públicas.
Por otra parte, acusan al presidente de EMULSA y concejal del Partido Popular (PP), Rodrigo Pintueles, de haber enviado un documento al Tribunal de Cuentas en diciembre de 2024, en el que se afirmaba falsamente, indica el PSOE, que Esteban Álvarez no tenía poderes en la empresa. La sentencia judicial reconoce que Álvarez sí tenía poderes conferidos desde enero de 2023, lo que «podría implicar un delito de estafa procesal» por parte de Pintueles. «Mentir deliberadamente a un tribunal para perjudicar una investigación tiene consecuencias penales», ha afirmado Tuero, añadiendo que esta acción podría estar destinada a interferir en la investigación de posibles irregularidades en EMULSA.
La sentencia también declara que el despido de Esteban Álvarez fue improcedente y destaca que encontró obstáculos por parte del departamento de recursos humanos y del departamento económico-financiero para acceder a la información necesaria. Según el PSOE, esta situación revela una actitud beligerante y posiblemente encubridora por parte de Carmen Moriyón hacia Álvarez, quien intentaba destapar irregularidades en la gestión de EMULSA. Asimismo, el PSOE ha advertido que, si no se responde adecuadamente a estas cuestiones, tomará medidas legales para que tanto Carmen Moriyón como Rodrigo Pintueles expliquen sus acciones ante las autoridades judiciales. «Esta sentencia sienta un peligroso precedente y muestra una forma de actuar que no sabemos cómo va a terminar», concluyó Ramón Tuero, recordando incidentes similares ocurridos durante el mandato de Moriyón y Foro en años anteriores.
