En el portal de datos abiertos figuran once contratos en 2024 por un importe de 71.186 euros, lo que el PSOE considera una «grave irregularidad administrativa»
La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda, ha denunciado este viernes en rueda de prensa que el Gobierno local habría incumplido la Ley de Contratos del Sector Público al fraccionar contratos menores por encima del límite permitido, particularmente en la contratación de un servicio fotográfico. Según Pineda, el PSOE solicitará a la Junta General del Principado de Asturias un informe a la Sindicatura de Cuentas para que examine todos los contratos menores de 2024 y determine si se han producido irregularidades. La edil sostiene que han detectado contratos menores sucesivos con el mismo contratista, superando el límite legal de 15.000 euros anuales y sin publicidad ni concurrencia, lo que impide la presentación de ofertas por otros interesados.
En la Comisión de Hacienda del pasado jueves, el PSOE solicitó información sobre estos contratos desde la llegada de la alcaldesa Carmen Moriyón en julio de 2023. Según los datos proporcionados, se han emitido 28 facturas relacionadas con servicios fotográficos: cinco en 2023 por un total de 16.335 euros y 23 en 2024 por 57.136,20 euros. Para la concejala, es «cuanto menos muy dudoso» que se correspondan a propaganda institucional sino que, a su parecer, es más bien propaganda partidista. En el portal de datos abiertos figuran once contratos en 2024 por un importe de 71.186 euros (59.430 sin IVA), lo que el PSOE considera una «grave irregularidad administrativa».
Pineda ha cuestionado la urgencia de recurrir a contratos menores para este servicio y ha recordado que en anteriores mandatos las fotografías eran realizadas por personal del Ayuntamiento o mediante contratos puntuales con transparencia y garantías. También ha señalado la falta de publicación de estos contratos en la plataforma de contratación pública, incumpliendo la legislación vigente. Ante esta situación, el PSOE ha decidido llevar el caso a la Junta General del Principado de Asturias y solicitar a la Sindicatura de Cuentas que realice un análisis exhaustivo de los contratos menores suscritos en 2024, con el objetivo de esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades. «Es querer tomarnos el pelo a todos», zanjaba la concejala este viernes.
