Asturias recibe casi 700 millones de euros más de los que aporta. El perjuicio está asegurado
Desde Gijón -el de la playa llena y las tormentas vespertinas, el mercadillo y la alegría en el aire no sabemos bien por qué- asisto a la defunción de la España construida sobre el andamio de la Constitución de 1978, que compensaba la nueva división de España en Comunidades Autónomas con la solidaridad interterritorial. Sin esta, no se entendían aquellas. Y el ataúd de la España que aspiraba a ser igualitaria y que para ello se dotó de un régimen común de financiación, con el empeño del PSOE de entonces, lo ha cerrado el PSOE de hoy vendido por un puñado de votos al la derecha nacionalista catalana. La “singularidad fiscal” no es solidaria por mucho que lo repitan el gobierno y sus turiferarios.
La ruptura del régimen común de financiación es un atentado a la unidad de España (consagrada en la Constitución, (no lo olvidemos, la unidad de España no es algo “facha”) y a la igualdad entre los españoles, valor fundamental y principio en el frontispicio de los principios del PSOE.
Grosso modo, el actual modelo de financiación común nace de un acuerdo multilateral del Consejo de política fiscal y financiera (aprobado entre otras CCAA por Asturias y Cataluña), basado en un análisis de las necesidades globales tanto para el conjunto del Estado como para cada Comunidad, cada una con sus características: repoblación, dispersión, insularidad, etc. y teniendo en cuenta su capacidad recaudatoria, compensando las diferencias a través del Fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales y otros fondos como el de convergencia. Se trata básicamente de que todos los ciudadanos, independientemente de dónde residan, tengan garantizados unos servicios públicos similares. Sin perjuicio de que el modelo deba actualizarse, porque data de 2009, su modificación debería negociarse multilateralmente entre todas las CCAA y la Administracion central y, en todo caso, sin perder de vista el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, de acuerdo con el articulo 31 de la Constitución.
Los 26.000 millones que empezarán a recaudar y gestionar desde la Generalitat son 26.000 millones podrán dejar de financiar políticas publicas y servicios en el conjunto de España. Porque aunque se insistirá en el apellido “solidaria” que acompaña al sustantivo definitorio del acuerdo -“singularidad”- lo cierto es que han deslizado otro concepto: ordinalidad: “Aquesta solidaritat ha de estar limitada pel principi d’ordinalitat”. Es decir, la solidaridad esta topada, de manera que si Cataluña fuera la primera en aportar (que no lo es), debe ser la primera en recibir. Es decir, lo contrario de la solidaridad interterritorial que se recoge entre otros en al articulo 2 de la Constitución.
Y si cuando la salida de Cataluña del sistema común era una mera posibilidad lanzada en el marco de la especulación sobre la mal llamada “normalización” de Cataluña (ya normalizada con las sucesivas elecciones y con los indultos aceptando pulpo como animal de compañía) el presidente de Asturias expresó lógicamente sus cautelas, ahora que es una realidad, sólo se oye, de momento, un silencio atronador en la FSA.
Asturias recibe casi 700 millones de euros más de los que aporta. El perjuicio está asegurado. Algo habrá que decir. El de la financiación es el mas grave pero no el único de los títeres descabezados por el acuerdo.
Dice el acuerdo que hay que “construir una solución al conflicto político”, en qué quedamos, ¿no estaba ya resuelto con todo lo cedido hasta ahora, desde la modificación del Código penal a medida, hasta el paroxismo de la amnistía?, ¿no vale? No: falta el referéndum en consulta sólo a la sociedad catalana.
Le dicen al padre de Canet y a todos los padres que pretendían que se aplicara la ley para que sus hijos estudien el 25% (¡el 25%!) en castellano, que abandonen toda esperanza. Que el catalán es la lengua vehicular. A pesar de las sentencias, a pesar del Parlamento Europeo.
Dice el acuerdo que España no va a tener la representación exclusiva de España en las organizaciones internacionales. Que en la ONU y sus agencias, en la OSCE, en la OCDE… ahí se sentará también Cataluña, cuya red de embajadas será reforzada.
En fin, no se podía esperar menos del nacionalismo reaccionario, supremacista e insolidario catalán, pero sí que el PSOE y el “gobierno progresista” hubieran puesto fin al este chantaje interminable que va a acabar con España. El PSOE es, más que nunca, “la izquierda oficial”, pero ya no puede convencer a nadie de ser de izquierda.
María Muñiz de Urquiza es miembro del partido Izquierda Española y fue diputada al Parlamento Europeo por el PSOE entre 2009 y 2014, así como desempeñó varios cargos orgánicos dentro de ese partido
Del País Vasco y sus derechos forales, no hablamos. De su régimen solidario con el resto de España, tampoco hablamos. Obviamente de Navarra tampoco. Es que los vasco son tan campechanos que se les tiene que querer. Dicho esto, desde mi más profundo rechazo a esta nueva bajada de pantalones del Gobierno frente a Cataluña.