Desde el Gobierno municipal consideran de todo punto inadmisible «cualquier escenario contrario al acuerdo firmado con la Autoridad Portuaria respecto a la cesión gratuita y definitiva de la titularidad de la franja litoral»; las partes volverán a reunirse
Las cosas, como son: en el momento presente, y a expensas de cambios poco menos que milagroso de última hora, la problemática en torno a ‘Naval Azul’ y a su emplazamiento acabará en los tribunales. Este jueves la Autoridad Portuaria de Gijón ha ofrecido al Ayuntamiento la creación de un convenio para la cesión gratuita al Ayuntamiento de «la franja de terreno de su propiedad» en la antigua concesión de Naval Gijón para el uso y disfrute público mediante la organización a lo largo del borde marítimo de un espacio libre y seguro de paseo ciudadano. Dicha cesión gratuita, han explicado en nota de prensa, «se haría previa ejecución de las obras de urbanización provisional por la propia Autoridad Portuaria, en tanto en cuanto se tramita el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) previsto en la ficha del PGOU aprobado». Sin embargo, esa posibilidad continúa si convencer al Gobierno gijonés, que sólo contempla una posibilidad: la cesión inmediata y gratuita de la parcela de conformidad con lo acordado con el anterior presidente de El Musel, Laureano Lourido, y sin que medie convenio alguno. Aun así, las partes confirman que habrá nuevas reuniones en el futuro inmediato.
Por el flanco del Puerto, los usos previstos para el PERI son usos productivos vinculados a la industria azul, especialmente las industrias limpias y compatibles con el uso residencial y que precisen o se beneficien de estar próximas a la lámina de agua, todo ello en la línea definida en el Plan Estratégico Municipal 2016-2026. Concretamente en la línea estratégica 4.2 del mismo se contempla el objetivo general de «fomentar la creación y atracción de actividades económicas de alto valor añadido ligadas al mar que impulsen un desarrollo económico de Gijón basado en el conocimiento y la tecnología, permitiendo avanzar hacia un nuevo modelo económico innovador y sostenible». Así, la Autoridad Portuaria se compromete a participar en el desarrollo del PERI de Naval Gijón, de forma que, una vez aprobado el proyecto de compensación, el terreno cedido gratuitamente por la Autoridad Portuaria quedará calificado como sistema general y el aprovechamiento urbanístico que le corresponda se destinará, igualmente, a fines de utilidad pública e interés social vinculados con la promoción y fomento de la economía azul y al impulso de proyectos de interacción puerto-ciudad.
No obstante, nada de lo anterior ha seducido a los representantes de la ciudad. En una nota de prensa remitida al término del encuentro, el Ejecutivo que encabeza la alcaldesa, Carmen Moriyón, reiteraba su oposición a nuevos convenios, y su «firme rechazo a cualquier escenario contrario al acuerdo firmado con la Autoridad Portuaria respecto a la cesión gratuita y definitiva de la titularidad de la franja litoral; un acuerdo alcanzado con plena transparencia por parte de ambas instituciones y cuya tramitación contó con el visto bueno de hasta dos Ministerios». Algo que, opinan en el Consistorio, la propuesta presentada por los de Nieves Roqueñí vulnera, lo que lo hace inadmisible. Paralelamente, en el Gobierno aclaran que la posible inclusión del Puerto en el PERI, cuya redacción se encuentra ya en fase de licitación, es «una consecuencia automática de la negativa a cumplir el acuerdo, y en ningún caso es una decisión fruto de una voluntad concreta por parte de la Autoridad Portuaria. Este extremo blindaría la permanencia de la franja litoral como parte del total de un ámbito cuya urbanización definitiva y desarrollo dirigirá el Consistorio, propietario mayoritario del mismo, pero sería como consecuencia de la negativa del Puerto a acatar el acuerdo alcanzado hace apenas cinco meses».
