La presidenta del ente, Nieves Roqueñí, traslada al Ayuntamiento su disposición a integrarse en el Plan Especial de Reforma Interior; no obstante, desde el Consistorio reiteran que no se firmará ningún convenio, y que sólo contemplan la cesión «gratuita y definitiva» de la parcela
No ha sido un alto el fuego definitivo, ni mucho menos, y la lucha entre los contendientes sigue, pero parece que, aunque tibio, un cierto avance se ha logrado en la pugna entre el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria en torno a los terrenos de la extinta empresa de construcción naval Naval Gijón. En el curso de la reunión sostenida ayer por representantes de ambas entidades, la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, anunció su renuncia a impulsar, de forma unilateral, un espacio naútico-deportivo en la franja litoral pendiente de ceder al Consistorio, y su disposición a que el Puerto se integre en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Un gesto celebrado por el Consistorio, sin duda… Pero insuficiente. Y es que, en las trincheras municipales, siguen sin estar dispuestos a contemplar ninguna opción que no pase por la entrega «gratuita y definitiva» de la polémica parcela a la ciudad. Una posibilidad, por ahora, inadmisible para los de Roqueñí, que continúan defendiendo la cesión del uso, pero no de la titularidad. En cualquier caso, las partes volverán a encontrarse mañana jueves, a fin de intentar desbloquear de una vez por todas la situación.
«Satisfecha» con el resultado del encuentro, Roqueñí reiteró su convicción en que «tiene que haber una única opción, que es la opción que sea mejor para Gijón y para su ciudadanía, y en eso es en lo que estamos, desde el minuto, uno trabajando desde la Autoridad Portuaria». A ese respecto, matizó que una cooperación a mayor profundidad podría ser beneficiosa, toda vez que la institución que preside «puede colaborar con el Ayuntamiento en el desarrollo de un polo de economía azul», en referencia al proyecto ‘Naval Azul’ que el Gobierno local aspira a desarrollar en la zona. Al fin y al cabo, continuó Roqueñí, «quién mejor que el Puerto y su ecosistema para desarrollar y ayudar a que este polo económico sea una realidad». Todo ello, claro, supeditado a la firma del convenio que asegura el mantenimiento de la propiedad… En todo caso, aunque reacia a pronunciarse sobre una posible escalada del problema hasta llegar a los tribunales, cuestión que dejó en manos del Ayuntamiento, sí aseguró que su pretensión es aclarar el entuerto «de una forma amigable».
Aunque contentos y agradecidos con el cambio concerniente al espacio náutico-deportivo, a la vista de que «era contrario a lo recogido en el Plan General de Ordenación (PGO)», en el Ejecutivo gijonés continúan en guardia. «No se contempla, en ningún caso la firma, de un convenio o un documento similar en el que se renuncie a la cesión gratuita de la franja», aseveraron a última hora de la jornada de este martes, blindando la permanencia de la franja litoral como parte del total de un ámbito cuya urbanización definitiva y desarrollo dirigirá el Consistorio, propietario mayoritario del mismo. Y el respaldo obtenido hace dos semanas por el Consejo Social da alas a esa postura… De ese modo, con las cartas aún encima del tapete, y sin que haya una mano claramente ganadora, queda por ver qué sucederá en el segundo round, fechado para mañana.
