El ente nacional tacha de «falsas» las acusaciones de engaños u ocultaciones de información en el caso de la franja litoral de Naval Gijón, y recuerda que fue el Ayuntamiento el que rechazó todas las soluciones de cesión planteadas desde El Musel
Superados ya los escollos prácticos, el pulso que sostienen el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria por el caso de la franja litoral de los terrenos pertenecientes a la extinta Naval Gijón ha pasado, en apariencia, de un escenario de lucha abierta a una guerra de desgaste… O, si se prefiere, a un cruce de agrias acusaciones con un marcado carácter político. Horas después de que, desde la Casa Consistorial, el diputado de Foro Asturias Adrián Pumares, apoyado por el Gobierno local, reclamase la dimisión de la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, o su cesión por parte del presidente del Principado, Adrián Barbón, el ente nacional rompía su silencio y emitía un comunicando ponderando las declaraciones previas. Y lo cierto es que no se trata de una valoración positiva… A decir verdad, todo lo contrario.
«Es una actitud frentista y desproporcionada«, se aventuraban a denunciar fuentes del Puerto, insistiendo en que son «falsas» tanto las acusaciones de que se haya incurrido en engaños u ocultaciones de información, como el que el informe de la Abogacía del Estado haya estado en poder de los de Roqueñí durante el periodo en que se trató de alcanzar un acuerdo que desbloquease la situación. En ese sentido, ya se han realizado consultas a los propios asesores legales, incluyendo a la citada Abogacía del Estado, para detallar con precisión las cláusulas del acuerdo de cesión de la franja, documentación que «se remitirá a todos los consejeros en tiempo y forma, antes de la celebración de la próxima reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria«, Un encuentro, conviene recordarlo, en el que se someterá a votación si se entrega a la ciudad la propiedad de la franja, como reclama el Ejecutivo municipal; a día de hoy, todo apunta a que el resultado será favorable a los intereses de Gijón.
Claro, que la defensa esgrimida por El Musel no termina ahí. Acerca de las negociaciones, o del intento de sostenerlas, los responsables de la Autoridad Portuaria insisten en que fue el Consistorio el que se negó permanentemente «a establecer ningún tipo diálogo para el acuerdo». En ese punto, tomaba la palabra directamente Roqueñí, incidiendo en que «mi acercamiento al Ayuntamiento desde que tomé posesión ha sido el mismo que me guió cuando era consejera, y el segundo teniente de alcaldesa (Jesús Martínez Salvador) puede atestiguarlo; entonces fue posible alcanzar buenos acuerdos, beneficiosos para la ciudadanía de Gijón, lo que contrasta con la actitud actual». Así las cosas, en el Puerto lamentan que el Gobierno local «opte por seguir cerrando todas las puertas al entendimiento y al respeto institucional«, y no dudan en tachar la actitud de Pumares hacia la presidenta portuaria de pura y simple «obsesión».
