Propietarios y empresas denuncian costes innecesarios e inseguridad jurídica tras la intervención de la Comisión Europea
La Comisión Europea ha vetado el sistema de doble registro de las viviendas de uso turístico y ha establecido el próximo mes de mayo como fecha límite para que se adopte una solución que evite duplicidades administrativas. Una decisión de gran relevancia a nivel estatal que, sin embargo, ha pasado prácticamente desapercibida en el debate público reciente, marcado en buena medida por la polémica en torno al decreto del Principado de Asturias sobre este tipo de alojamientos.
Así lo ha puesto de manifiesto la asociación CASOCIA, que advierte de que esta situación evidencia un problema estructural en la regulación del sector: la falta de coordinación normativa y la creciente inseguridad jurídica que afecta tanto a propietarios como a empresas gestoras de viviendas turísticas.
Según explica la entidad, el denominado registro NRUA, tal y como se había planteado para las licencias, suponía una duplicidad clara sobre una competencia de carácter autonómico. Esta superposición administrativa habría generado una carga innecesaria para miles de propietarios y profesionales del sector, obligados a cumplir procedimientos repetidos y a asumir costes económicos elevados, desde tasas registrales hasta gastos de asesoramiento y recursos invertidos en trámites redundantes.
A ello se suma, señala CASOCIA, que el Gobierno de España ha puesto en funcionamiento una normativa europea que aún no se encuentra plenamente en vigor a nivel comunitario, lo que ha contribuido a generar confusión e incertidumbre. La gestión de este registro ha sido, a juicio de la asociación, “caótica” para todas las partes implicadas, incluyendo al propio Registro de la Propiedad, las empresas del sector y los titulares de las viviendas.
Esta situación ha tenido también un impacto directo en el mercado. En los últimos meses, las plataformas digitales han recibido solicitudes para retirar anuncios de viviendas de uso turístico calificadas como “ilegales”, cuando en muchos casos no lo eran, sino que habían pasado a esa situación como consecuencia de un doble registro que ahora Bruselas cuestiona expresamente.
Ante este escenario, CASOCIA se pregunta quién asumirá las consecuencias económicas, jurídicas y reputacionales derivadas de una mala aplicación normativa y hasta cuándo se seguirá legislando sin un análisis técnico profundo ni un diálogo real con el sector. La asociación ha querido reconocer el trabajo de FEVITUR y de su presidenta, Silvia Blasco, cuyo esfuerzo ha sido clave para que esta cuestión llegue al ámbito europeo.
El sector del alquiler turístico, concluyen, necesita orden, coordinación institucional y seguridad jurídica para avanzar hacia un modelo profesional, transparente y sostenible.
