Mientras la Justicia tumba las medidas del Ejecutivo asturiano, colectivos conservacionistas celebran la sentencia y reclaman la dimisión del consejero Marcelino Marcos por su gestión
El último capítulo en la situación del lobo en Asturias se firmó este mismo lunes con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que anula varias disposiciones autonómicas sobre el control de la especie. El fallo ha sido recibido con satisfacción por las organizaciones ecologistas, que no han tardado en exigir responsabilidades políticas. La resolución estima los recursos presentados por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y por Ecologistas en Acción Cantabria contra los planes de gestión aprobados en Asturias y Cantabria. En el caso cántabro, el alto tribunal confirma el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y fija doctrina: la autorización para la extracción -o muerte- de un ejemplar solo puede concederse cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado y siempre tras examinar previamente las alternativas disponibles.
El Supremo recuerda que, desde su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), el lobo ibérico goza del máximo nivel de protección en la legislación española. Aunque las comunidades autónomas conservan competencias en materia de gestión, cualquier actuación que implique la muerte de ejemplares debe cumplir condiciones “rigurosas” y estar debidamente justificada. Además, recuerda que no basta con acreditar incrementos poblacionales en zonas concretas, sino que debe evaluarse el estado de conservación de la especie en un ámbito más amplio.
«La sentencia confirma que la muerte de ejemplares solo puede autorizarse como último recurso»
Por su parte, en Asturias, la sentencia declara nulas de pleno derecho varias disposiciones relativas al Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2022-2023 y a aspectos del II Plan de Gestión autonómico, al considerar que no se ajustan al ordenamiento jurídico. Las ONG recurrentes habían denunciado, entre otras cuestiones, el establecimiento de cupos de extracción.
Tras conocerse el fallo, el colectivo Grupo Lobo Asturias ha solicitado el cese inmediato del consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos, a quien atribuyen la responsabilidad de lo que califican como “matanzas indiscriminadas” de lobos. La organización sostiene que la sentencia confirma que la muerte de ejemplares solo puede autorizarse como último recurso y de forma selectiva, y que la eliminación sistemática no reduce los conflictos con la ganadería, sino que puede agravarlos. Además, recuerdan que el lobo es una especie que estuvo al borde de la extinción y que, pese a su recuperación, continúa siendo vulnerable.
