Según la Guardia Civil, Montes podría haber sido contratada de forma irregular en la empresa pública Logirail gracias a la influencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos y la colaboración de su entonces asesor, Koldo García
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del llamado caso Koldo, tomará declaración este miércoles en calidad de testigos a Claudia Montes, exMiss Asturias +30 en 2017, y a Juan Ignacio Díaz Bidart, quien fuera jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto. Ambas testificales forman parte de la causa que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas y contratos durante la pandemia. Montes será interrogada por videoconferencia desde los juzgados de Gijón a las 10:00 horas, después de que no pudiera comparecer en una citación anterior por problemas de notificación.
Según la Guardia Civil, Montes podría haber sido contratada de forma irregular en la empresa pública Logirail gracias a la influencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos y la colaboración de su entonces asesor, Koldo García. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sostiene que Montes no habría llegado a desempeñar funciones laborales, a pesar de recibir un salario, y que mostró preocupación por la falsedad del currículum que habría facilitado para obtener el puesto. Montes ha negado vínculos personales con Ábalos más allá de una fotografía en un acto del PSOE y sostiene que accedió al empleo a través del portal Infojobs.
Por su parte, Díaz Bidart comparecerá para aclarar si, durante su etapa en el Ministerio de Industria, se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano, socios del presunto intermediario Víctor de Aldama. Dicha reunión estaría relacionada con una supuesta gestión para obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel, implicada en otra investigación en la Audiencia Nacional.
El magistrado considera pertinente su declaración para determinar si dicha reunión existió y quién pudo promoverla. Las comparecencias se enmarcan en la investigación abierta en el Supremo contra Ábalos, García y De Aldama por presuntos delitos relacionados con adjudicaciones públicas, en especial durante la emergencia sanitaria.
