Hay más comunidades afectadas, todas de vecinos humildes de Gijón, que se preguntan «cómo vamos a pedir otro crédito para pagar dos veces por lo mismo»
Antonio Roza, presidente de la comunidad de vecinos de La Mancha 3, con la denuncia. 
Interior de las escaleras desde donde se ve con la fachada abierta, calle La Mancha. 
Aspecto actual del portal calle La Mancha. 
Hueco para el ascensor sin terminar en la comunidad de Gaspar García Laviana. 
Estado actual del portal de la comunidad de la calle Espronceda.
Los quince vecinos del edificio situado en el número 3 de la calle La Mancha, en el barrio de Pumarín, llevaban años soñando –y necesitando- la instalación de un ascensor. En 2019 pidieron presupuesto: la obra costaba 104.000 euros y un préstamo para poder pagarlo: entre 6.000 y 8.000 por vecino. Sin embargo, el sueño se convirtió en pesadilla cuando la empresa que contrataron abandonó la obra, dejando el edificio prácticamente en estado de ruina: Desde fuera, la estructura del edificio está apuntalada por una estructura metálica oxidada y en mal estado. En el interior, la sensación es de total destrucción: portal con paredes sin revestimientos, escaleras interiores apuntaladas y con agujeros y enormes boquetes abiertos a la fachada en los descansillos desde los que únicamente un panel de madera impide una caída al vacío. “Esto puede caerse en cualquier momento”, asegura con temor Antonio Roza, presidente de la comunidad.
El de la calle La Mancha es el que peor estado presenta pero hay más comunidades víctimas de la misma empresa. Y en todos, el mismo modus operandi: excusas desde el comienzo de la obra por falta de material o trabajadores y operarios que se presentaban “en días sueltos, justo antes de la siguiente fecha de cobro”, relata Miguel Ángel Blanco, presidente de la comunidad de vecinos en la calle Espronceda. Aquí, igual que en otra comunidad de Gaspar García Laviana, han tenido que contratar otras empresas para terminar los trabajos que quedaron inacabados porque los portales y las escaleras quedaron impracticables, lo que significa afrontar un doble gasto por la misma obra que le lleva a los vecinos a preguntarse, “después de haber pedido un crédito que vamos a estar pagando 10 años, cómo vamos a pedir otro para pagar lo mismo?”. Todas las comunidades afectadas tienen abiertos procedimientos penales contra la empresa que tiene tras de sí un amplio historial de irregularidades y obras inacabadas.
El ascensor de la calle La Mancha: una obra que nunca avanzó, con obreros que “iban, venían y “desaparecían”
Antonio Roza, presidente de la comunidad de vecinos de La Mancha 3, mostrando los daños de la estructura que sujeta el edificio. 
Aspecto interior de las escaleras, con los puntales que la sujetan. 
Ramón Santamaría y Andrea y Manuela Ramos, vecinos del 4º piso. 
Puertas tapadas con cartones para protegerse del polvo.
La pesadilla de esta comunidad de vecinos comenzó en 2019 cuando firmaron el contrato para la instalación de un ascensor y la construcción de una escalera exterior. Técnicamente, el proyecto no conllevaba grandes complicaciones técnicas y es similar al que ya han llevado a cabo otros edificios de Pumarín. Sin embargo, “todo lo que pudo ir mal fue mal” tal y como confiesa Antonio Roza, vecino del 5º y actual presidente de la comunidad. Empezando por que a la empresa, se le “olvidó” incluir en el presupuesto el pago por el derecho a construir la escalera exterior sobre la acera, al tratarse de un espacio público: 14.450 euros que tuvo que abonar la comunidad. En enero de 2022 empezó la obra y en seguida los vecinos empezaron a notar que “algo iba mal” porque “los obreros aparecían unos días y después desaparecían un mes con excusas de que no tenían gente o materiales. Llegaron a echarle la culpa a la guerra de Ucrania”, cuentan.
“En total, trabajaron 15 días en todo el año”. Los trabajos desarrollados hasta febrero de este año, fecha en la que los obreros desaparecieron, consistieron en “destrozar” el edificio: demolición del portal y todos los revestimientos interiores así como el pasamanos, apertura de la fachada y colocación de los hierros de la estructura del ascensor. Todo ello, con puenteado con un perfil de acero que no cumple las actuales. “Ahora mismo toda la estructura del edificio está puenteado con una soldadura oxidada y que ya no se usa para resistencia”, explica Antonio, trabajador del metal con 30 años de experiencia y amplio conocimientos sobre estructuras de acero. En marzo del 2023, la comunidad presenta su primera denuncia al comprobar que la empresa había abandonado la obra y tras escuchar los testimonios de los trabajadores de esta que. al no cobrar, les confesaron que “nos dijeron: vais, aparecéis por allí, hacéis como que hacéis algo y os vais”.
Un edificio que parece “zona de guerra” sujetado por una estructura que “en cualquier momento, puede venirse abajo”
Aspecto actual de la fachada del edificio calle la Mancha. 
La estructura metálica, sujeta a la persiana del bar de abajo. 
La estructura vista desde el interior, en mal estado. 
Antonio y su mujer, junto a Luzdivina, vecina del tercer piso. 
Aspecto de las escaleras, con tablas que tapan agujeros. 
Detalle de los agujeros en los escalones.
Describir el estado en el que se encuentra el edificio de la comunidad de vecinos situada en el número 7 de la calle La Mancha, en Pumarín, obliga a recurrir al término “zona de guerra”. Una estructura metálica recorre de abajo a arriba el exterior del edificio de 5 plantas donde viven 15 vecinos, dejando totalmente abierta la fachada. Unos postes metálicos apuntalan toda la estructura. Dentro: ladrillos a la vista, paredes sin revestimientos y material de obra abandonado. Los peldaños de la escalera interior están plagados de agujeros tapados con tablas de madera y un pasamanos provisional, pagado a posteriori por los vecinos. En los giros para cambiar de piso la situación empeora: aquí los peldaños forman parte de la estructura metálica de escalera de caracol que abre cual cremallera el edificio de abajo a arriba manteniendo abierta toda la fachada y dejando en los descansillos unas enormes aperturas en las que unos paneles de madera son el único obstáculo que impide una caída al vacío, si se produce un tropiezo.
La subida hasta el quinto donde vive Antonio Roza, actual presidente de la comunidad de vecinos, es un camino de destrucción y desolación donde lo de menos es el polvo que lo invade todo y obliga a los vecinos a tapar con cartones las puertas de entrada de sus casas. «Estamos desolados, así no se puede vivir«, dice Antonio. Tras medio año con la obra abandonada, la mayoría de los habitantes ya ha sufrido tropiezos y caídas. Alguno de ellos con consecuencias graves y la presentación de la consiguiente denuncia. En otros casos, como el de María Luzdivina que vive en el tercer piso, ya apenas sale de casa por miedo a sufrir una caída. “Salgo solo lo imprescindible porque me da pavor cómo está la escalera”, cuenta.
El ‘timo del ascensor’: más comunidades afectadas, mismo modus operandi, y drama económico para familias humildes
Miguel Ángel Blanco, presidente de la comunidad de vecinos afectada en la calle Espronceda, junto al ascensor inacabado. 
Aspecto de las escaleras provisionales que dejó la obra inacabada en la comunidad de Espronceda. 
Descansillo también ruinoso en la calle Espronceda. 
Exterior del edificio afectado en la calle Gaspar García Laviana, actualmente en obras de reparación. 
Estado interior de las escaleras en la comunidad de Gaspar García Laviana. 
La obra inacabada también dejó escaleras provisionales en Gaspar García Laviana.
La de La Mancha no es la única comunidad de Gijón víctima del “timo del ascensor”. Hasta ahora son cuatro las ya detectadas, en Pumarín y La Calzada. MI Gijón ha visitado las de la calle Espronceda y Gaspar García Laviana donde nos encontramos con el mismo panorama: portal en estado de ruina, escaleras sin construir, ascensor o su hueco, denuncia penal en curso y vecinos que están pagando a otra empresa para arreglar los desperfectos y terminar la obra. Esel caso de la comunidad de la calle Espronceda que ha tenido que invertir 17.000 euros por los arreglos que actualmente están ejecutándose en el portal a lo que se suman los 35.000 euros que la empresa instaladora del ascensor, que llegó a ponerlo, les reclama por impago de la principal. “En este edificio la mayoría de los vecinos somos pensionistas y no podemos pagar dos veces por el mismo ascensor”, explica Miguel Ángel Blanco, presidente de la comunidad, quien lamenta que muchos vecinos “han tenido que irse y otros han muerto sin ver la obra del ascensor terminada”.
Así las cosas, las comunidades tienen tres frentes abiertos: el judicial, el económico y el del arreglo de los edificios. El económico, con obras abandonadas en distintas fases y cantidades muy importantes del presupuesto ya abonadas que no saben si van a recuperar. En muchos casos, pagos que los vecinos afrontaron solicitando préstamos de entre 6.000 y 8.000 euros que tardarán en pagar una media de 10 años. En lo judicial, todos mantienen procesos penales abiertos en los que como explica Gemma González Calvo, la abogada que representa a los vecinos de la calle La Mancha, los juzgados tendrán que determinar si los hechos denunciados constituyen un delito de estafa o apropiación indebida. “Si la administradora y la empresa consiguen evitar la vía penal”, señala, “los vecinos no recuperarán nada de su dinero ya que en la vía civil esta se declarará insolvente y por tanto, no habrá justicia para ellos”. En su opinión, “desde 2019 la empresa nunca tuvo intención de ejecutar la obra” y el dinero entregado por los vecinos “se desvió a un destino que desconocemos en el 2023”.
Mientras la justicia sigue su curso, las comunidades tienen que afrontar -y pagar- nuevas obras para que sus edificios vuelvan a ser transitables, lo que en el caso de los vecinos de la calle La Mancha, hace que los ánimos estén muy bajos ante el horizonte de tener que pedir un nuevo crédito: “Cómo vamos a pedir otro crédito para pagar lo mismo? se preguntan Ramón Santamaría y Andrea y Manuela Ramos, vecinos del 4º piso. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la empresa Porcelanorte cuya sede permanece cerrada y su teléfono de contacto tampoco está operativo.
