El órgano considera insuficientemente probada la falta de consentimiento en las relaciones que los lusos, de entre 20 y 30 años, mantuvieron con las dos mujeres, de 22 y 23, en un piso del Carmen; en bloque, se pedían 42 años y medio de prisión
Es un hecho casi definitivo: no hubo agresión sexual alguna. O, si la hubo, no es posible demostrarla. Ese es el dictamen al que, este martes, llegaba el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en el caso de los cuatro jóvenes portugueses acusados de haber violado a los asturianas en julio de 2021, en un piso turístico del barrio del Carmen, en Gijón. Una decisión que, en la práctica, ratifica la sentencia absolutoria emitida el pasado noviembre por Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, al haber sido desestimado el recurso de apelación presentado por cada una de las dos supuestas víctimas, que pedían la anulación de aquel fallo judicial. La razón esgrimida, como ya ocurriese en el caso de la Audiencia Provincial, ha sido la falta de pruebas que sostengan la teoría de una violación grupal, lo que impone la presunción de inocencia. No obstante, el uso del ‘casi’ al comienzo de esta noticia procede, pues aún sería viable interponer un recurso de casación ante el mismo TSJA dentro de los cinco días siguientes a esa última notificación.
A lo largo de todo el proceso los lusos, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, y con domicilios en el municipio de Braga, insistieron en que las relaciones sexuales fueron «consentidas». Siempre según su testimonio, los visitantes habrían conocido a las asturianas, de 22 y 23 años, en un pub gijonés, y habrían sido ellas las que les propusieron acudir al piso en el que se alojaban. A ese respecto, y pese a que las mujeres negaron haber dado su consentimiento a los portugueses, la sentencia descarta que «se haya acreditado suficientemente la ausencia». Bajando al detalle, de entrada el TSJA detecta «una falta de racionalidad en la motivación fáctica» de los hechos; tampoco es esclarecedor cierto vídeo presentado por la defensa como prueba, en el cual, pese a mostrarse prácticas sexuales explícitas, «no se atisban indicios de fuerza, violencia u oposición a lo que allí había ocurrido«. Ni siquiera las conversaciones mantenidas digitalmente entre las partes arrojan luz, al no ser «fácil comprender que se proporcionara la identificación en una red social a quien unos momentos antes ha sido un agresor sexual».
Cabe mencionar que, en el momento de la denuncia, la sociedad civil en bloque dio su apoyo y credibilidad a las dos denunciantes, hasta el punto de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la entonces delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, expresaron su repulsa contra lo que fue calificado a diestro y siniestro como un caso de violación grupal.
