La medida, que se mantendrá en vigor durante quince días, convierte al Principado en una de las cuatro únicas regiones en decretarla, junto con Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana
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El tiempo de los debates, las especulaciones y las dudas ha terminado. Ante el constante aumento de las enfermedades respiratorias entre la población, y después de al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) le resultase imposible llegar a un acuerdo de alcance nacional, la Consejería de Salud del Principado establecerá el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros sanitarios de Asturias, así como en las oficinas de farmacia, a partir de la medianoche de mañana, 9 de enero. La medida, con la que se pretende proteger tanto a usuarios como a profesionales, permanecerá en vigor durante los próximos quince días, periodo en el que se estima que se mantendrá una alta circulación de tales virus. Sólo los menores de seis años de edad, y quienes necesiten de una interacción verbal y gestual que sea importante para el trato con el paciente, estarán exentos.
Ha sido la propia consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien esta tarde ha anunciado la decisión, una vez finalizada la reunión del CISNC, que, ante la falta de consenso entre las regiones que lo integran, ha optado aplazar posicionarse hasta el próximo miércoles. «Tomamos esta decisión en un acto de responsabilidad porque tenemos una población muy envejecida, que es muy vulnerable, y en Asturias estamos en un momento de alta circulación de este tipo de virus que prevemos se va a extender al menos dos semanas más y no debemos demorarla», ha explicado Saavedra. Y ha añadido que «hoy por hoy tenemos una capacidad más que aceptable para dar una respuesta de calidad a las demandas de salud de la población sin necesidad de tomar medidas extraordinarias, como las de suspender la cirugía programada, y vamos a hacer lo que consideramos más adecuado para que esto siga siendo así».
De ese modo, ante el aumento del riesgo de padecer las infecciones respiratorias víricas, especialmente gripe y COVID, y del inicio del semestre del curso escolar, Salud considera necesario establecer las siguientes medidas complementarias que aumenten la protección y eviten la exposición al virus, sobre todo, en los ámbitos donde haya personas vulnerables y aquellas que sirvan de transmisión entre estas. A mayores, se recomienda la utilización de la mascarilla ante la presencia de síntomas de infección respiratoria, y en centros residenciales de personas vulnerables. Del mismo modo, se aconseja usar pañuelos desechables al estornudar, lavarse las manos con frecuencia y ventilar adecuadamente los espacios de trabajo. A una escala mayor, se anima a los ciudadanos a evitar las reuniones y a limpiar a conciencia las superficies que se toquen. Finalmente, se instala a sumarse a las campañas de vacunación en curso.
Con la decisión tomada por Saavedra y su equipo, el Principado se convierte en una de las cuatro únicas comunidades españolas, junto con Cataluña, Valencia y Murcia, en decretar la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Por el momento, tal como quedó patente durante la celebración del CISNC, las restantes prefieren no cruzar la frontera de la recomendación. Y eso, a pesar de que la ministra de Sanidad, Mónica García, fue hoy tajante. «Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras prepandemia. Desde este Ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogenizar la protección de la salud», sentenció. Palabras las suyas que, sin embargo, no han calado en el grueso del territorio.
Un CISNS «verdaderamente decepcionante, improcedente e innecesario»
Entre las comunidades que se posicionan en contra, una de las más reacias ha sido Castilla y León. Su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha destacado que la convocatoria del Consejo «llega tarde», y ha defendido que la comunidad cuenta desde hace años con planes de contingencia invernal para hacer frente al incremento de casos de patologías respiratorias. José Luis Bancarelo, su homólogo en Aragón, donde sí se ha impuesto la obligatoriedad al personal sanitario y a los pacientes en salas de espera, ha asegurado que las mascarillas seguirán siendo obligatorias para «proteger a las personas vulnerables» hasta el momento en el que la incidencia permita una desescalada, pero ha calificado el CISNS como «verdaderamente decepcionante, improcedente e innecesario», porque se ha creado en la población una sensación de alerta que «no se correspondía con la realidad».
De igual forma, el Gobierno del País Vasco ha criticado la falta de criterios técnicos de la reunión. Concretamente, ha lamentado que Sanidad «no ha aportado datos sobre incidencia de enfermedades respiratorias ni evidencias científicas sobre la eficacia de las medidas que ha propuesto», entre las que incluía la «universalización» del uso de mascarillas en centros de salud. Además, ha reclamado que cualquier propuesta que se presente «debería respetar las competencias de País Vasco en materia de Salud» y estar «avalada» por la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública. Finalmente, sus máximos dirigentes han recalcado que no comparten, «como gran parte del resto de las Comunidades Autónomas, ni la forma, ni parte del contenido, de la convocatoria que el Ministerio de Sanidad ha realizado del Consejo».
Finalmente, también en Galicia se han mostrado severos con Suárez. Su consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ve «desproporcionada» la intención de poner la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, residencias y farmacias, aunque no se opone a que se aplique en comunidades «que lo precisan». Al igual que sus homólogos, ha reclamado que cualquier medida al respecto se base en «criterios técnicos». Y ha resumido el tono del Consejo afirmando que «la práctica unanimidad de los consejeros han criticado a la ministra por el intento de usar el CISNS como si fuera su cuenta de Twitter, o una pancarta de una manifestación».