Por el momento, el Consistorio de la urbe asturiana rechaza imitar la decisión de la Ciudad Condal, mantiene su moratoria de un año y deja el futuro del sector en manos de la próxima modificación de la Ley de Turismo del Principado
Barcelona se ha convertido en un modelo a seguir para no pocas urbes de toda España: por su red de transportes, por su gestión del potencial turístico, por su carácter inclusivo… Sin embargo, en materia de vivienda, esta vez la Ciudad Condal no será un ejemplo para Gijón. La polémica decisión tomada por dicho Ayuntamiento catalán para declarar la guerra a los alquileres turísticos, y tratar de erradicarlos por completo de cara a 2028, no hallará réplica en el Ejecutivo que encabeza Carmen Moriyón, que se mantendrá a la espera de que entre en vigor la esperada reforma de la Ley de Turismo del Principado, aprobada por el equipo del presidente regional Adrián Barbón el 31 de mayo, actualmente en fase de tramitación en la Junta General, y que prevé el endurecimiento de las condiciones para la habilitación de inmuebles con fines turísticos.
Esa declaración de intenciones la realizaban este miércoles fuentes de la concejalía de Turismo gijonesa, en manos de la edil Angela Pumariega. No obstante, desde la misma área recordaban que sí continuará vigente la moratoria municipal sobre la viviendas de uso turístico, aprobada el pasado enero y que impide la concesión de nuevas licencias por espacio de, al menos, un año. Combinadas con ella, las medidas que evalúa el Principado incluirán, entre otras, la necesaria autorización de las comunidades de vecinos antes de que un piso sea convertido en VUT; la exigencia de que dichas viviendas se alquilen íntegramente, y no por habitaciones; el aumento de las inspecciones para detectar actuaciones irregulares, y el aumento de las sanciones, que pasarán a oscilar entre los 150 y los 100.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.
Pese a que lo ocurrido en Barcelona ha desatado acalorados debates en varios rincones del país, también el Gobierno de la nación está ponderando dar pasos en esa dirección. Sin ir más lejos Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, confirmó este martes durante una entrevista en el canal Telecinco que su equipo está analizando la opción de modificar la Ley de Propiedad Horizontal, de modo y manera que el veto a las VUT sea completo en las comunidades de vecinos, al entender que ejercen una actividad económica. En la práctica, las palabras de Rodríguez constituyen un espaldarazo a la pretensión asturiana, y parecen confirmar que el problema de los inmuebles turísticos comienza a ser tomado en serio por el conjunto de las Administraciones españolas, tanto nacionales como autonómicas y locales.
