El ejemplar, clave en la recuperación de la especie en la Cordillera Cantábrica, fue hallado entre Peñarrubia y Cillorigo de Liébana y su muerte supone un duro golpe en plena campaña reproductora
Entre las crestas calizas de Picos de Europa, donde el quebrantahuesos volvió a alzar el vuelo tras décadas de ausencia, la historia de ‘Centenario’ se ha detenido de forma abrupta. El macho, uno de los ejemplares emblemáticos del programa de reintroducción de la especie, ha sido hallado muerto entre los municipios cántabros de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana, víctima de un envenenamiento que ha encendido todas las alarmas ambientales. El hallazgo se produjo el pasado domingo, cuando técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, en sus labores habituales de seguimiento, detectaron localizaciones anómalas en el emisor satelital del ave. Esa señal, que en el mundo de la conservación suele ser un presagio inquietante, llevó al equipo hasta la zona. Allí confirmaron lo peor: ‘Centenario’ yacía sin vida.
De inmediato se activó el protocolo para muertes no naturales de fauna protegida. Funcionarios del Gobierno de Cantabria levantaron acta del hallazgo y recogieron muestras biológicas, que fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. La necropsia confirmó la causa: envenenamiento. Ahora, las muestras viajarán al Instituto de Recursos Cinegéticos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para identificar la sustancia empleada y reconstruir la trazabilidad del delito. ‘Centenario’ no era un ave cualquiera. Procedente de Aragón y liberado en la vertiente asturiana del parque nacional en julio de 2017, formaba parte de la primera unidad reproductora establecida en Cantabria tras la desaparición del quebrantahuesos en la región hace unos 70 años. Su muerte llega, además, en plena campaña reproductora, lo que reduce de forma drástica las posibilidades de éxito de la pareja y supone, según la fundación, “un revés significativo” para la recuperación de la especie.
El quebrantahuesos está catalogado como especie en peligro de extinción, y su envenenamiento constituye un delito penal. El Código Penal contempla penas de prisión de seis meses a dos años, además de inhabilitación para cazar o pescar, mientras que la normativa administrativa prevé sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves. En los días posteriores al hallazgo, se desplegó un amplio dispositivo de rastreo para localizar posibles cebos tóxicos u otros indicios. En el operativo participan agentes del Medio Natural, guardas del Parque Nacional, técnicos de la FCQ, la Unidad Especializada en Detección Canina de Venenos y efectivos del Guardia Civil a través del SEPRONA.
