La gestión directa, desde las diferentes administraciones, de los servicios públicos no sólo es más eficiente, sino que es más económica para la ciudadanía y le permite a ésta ejercer un control democrático
El pasado mes de septiembre, los trabajadores de la empresa de transporte urbano de Oviedo (TUA) han realizado una convocatoria de huelga de seis días, reivindicando la instalación de aseos en las cabeceras de las líneas de autobús,a disposición de los conductores y conductoras; asimismo, esta huelga responde a la negativa de la plantilla a la instalación de cámaras de vigilancia en los autobuses, focalizadas en el chófer, al considerar que se cuestiona la profesionalidad de los trabajadores y se compromete su privacidad.
En cualquier caso, el propósito de este artículo no estribatanto en explicar los justos motivos que llevaron a los trabajadores a la huelga, en el legítimo ejercicio de sus derechos, cuanto en rebatir el falaz y tendencioso argumento de que la gestión privada de los servicios públicos es per se más eficiente y barata que la gestión pública.
La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que los municipios con más de 50.000 habitantes incluyan entre sus competencias propias el transporte público, es decir: están obligados a prestar este servicio a su ciudadanía. La prestación del mismo podrá realizarse, fundamentalmente, de dos formas: mediante la gestión directa por parte de la propia administración municipal o de un ente creado a tal efecto; o de manera indirecta, subcontratando este servicio a una entidad privada para que lo gestione. Estos dos modelos tienen un elemento en común, independientemente de que la gestión sea pública o privada, ambos se nutren con financiación proveniente, en gran parte, de las aportaciones municipales; es decir, cualquier sistema de transporte, sea cual fuere su forma de gestión, se financia con cargo a los presupuestos del ayuntamiento respectivo.
Precisamente en Asturias encontramos, a tan sólo 28 kilómetros, el paradigma de cada uno de estos dos modelos. Por una parte, la gestión directa, pública y municipal de la empresa EMTUSA en Gijón, 100% propiedad del ayuntamiento de Gijón. Por otro lado, tenemos la empresa TUA de Oviedo, propiedad de la multinacional británica Mobico, entre cuyos principales accionistas está la familia Cosmen.
Por eso parece interesante realizar una comparativa entre estas dos empresas tan dispares, que representan dos modelos antagónicos de gestión de un servicio público esencial.
La ciudad de Oviedo cuenta con una población aproximada de 226.000 habitantes, mientras que Gijón tiene alrededor de 268.000 habitantes. En el año 2024, TUA dio servicio a un total de 14.849.968 viajeros; por su parte, EMTUSA arrojó datos de 22.276.766 viajeros. Es decir, TUA desplazó 657.074viajeros por cada 10.000 habitantes, en tanto que EMTUSA desplazó alrededor de 831.223 por cada 10.000 habitantes.
La empresa TUA cuenta con una plantilla de 270 trabajadores, mientras que la gijonesa EMTUSA dispone actualmente de una plantilla de 393 personas. Los trabajadores de EMTUSA disfrutan de una jornada laboral de 35 horas semanales, equivalente a la de la mayoría de los trabajadores públicos, en tanto que la plantilla de TUA tiene una jornada de 40 horas semanales.
En cuanto a la flota de vehículos, TUA dispone de 67 vehículos, mientras que EMTUSA tiene en sus cocheras un total de 98.
A la luz de estos datos, quedan claras varias cuestiones. Por un lado, que EMTUSA desplazó casi ocho millones de viajeros anuales más que TUA durante este periodo, con una media de 174.149 viajeros más por cada 10.000 habitantes.Por otro lado, que EMTUSA presta ese servicio disponiendo de una plantilla un 32% mayor que la de TUA, teniendo esta plantilla una jornada laboral más reducida que la de la filial de la multinacional británica. Finalmente, vemos que EMTUSA dispone de 31 vehículos más para la prestación del servicio, siendo éstos íntegramente de propiedad municipal.
A la luz de estos datos, parecería lógico pensar que el habitual dogma de que la gestión pública es más costosa que la gestión privada se cumpliría irremisiblemente; pero los datos, de forma cruda y recalcitrante, derriban ese artículo de fe.
Para realizar este servicio, en el año 2024, el ayuntamiento de Oviedo aportó un total de 14.106.202 euros, transferidos de manera directa a TUA. Esto es, a cada ciudadano ovetense la gestión del transporte público le supuso un total de 62,4 euros per cápita. Mientras, la aportación del ayuntamiento de Gijón a la empresa pública EMTUSA fue de 16.500.000 euros, representado un total de 61,5 euros per cápita. En Oviedo, cada viaje ascendió a 0,95 euros de coste unitario, en tanto que en Gijón tenemos una cifra de 0,74 euros por viaje. Por lo tanto, parece evidente que el servicio de transporte gijonés, realizado íntegramente por una empresa municipal, es más barato y eficiente que la gestión ofrecida por una empresa privada.
¿Cómo es posible que una empresa cuyo número de viajeros, tanto en términos absolutos como relativos, es mucho mayor, que dispone de un 30% más de vehículos y trabajadores, contando estos últimos con unas condiciones laborales sustancialmente mejores, pueda ofertar un servicio notablemente más barato y mejor para el ciudadano que su homólogo ovetense?
Pero es que, además, los hechos van más allá. En los últimos años, la empresa municipal gijonesa ha generado un superávit sobre la aportación del ayuntamiento. Este superávit revierte sobre la propia empresa municipal para mejorar su servicio. Huelga decir que, en el caso de la filial de la multinacional británica, los beneficios, que intuimos suculentos, pasan a engrosar los bolsillos de los principales accionistas de la firma inglesa Mobico.
Pero no sólo son los fríos datos y números, tan claros como incontestables, los que avalan las ventajas de la gestión municipal y directa de los servicios públicos. La empresa TUA guía, en buena lógica, su actuación en función de intereses crematísticos. En tanto que, en el caso gijonés, es el pleno del Ayuntamiento de Gijón, elegido por la ciudadanía gijonesa, quien ejerce las funciones de junta de accionistas, al tiempo que designa a los miembros del consejo de administración, donde de manera habitual todos los grupos políticos cuentan con representación, así como los sindicatos principales y la federación de asociaciones de vecinos. Este último modelo es a todas luces más transparente, facilitando el control de la empresa pública no sólo por parte de los representantes políticos, sino también por parte de alguna de las entidades más representativas de la ciudad.
De esta manera se facilita también que las necesidades de los ciudadanos puedan ser canalizadas de manera directa a los órganos de representación de la empresa.
En conclusión, que no nos den gato por liebre. La gestión directa, desde las diferentes administraciones, de los servicios públicos no sólo es más eficiente, sino que es más económica para la ciudadanía y le permite a ésta ejercer un control democrático sobre elementos centrales de las sociedades modernas cual es, en este caso, el derecho a la movilidad.
Porque sí, todavía, en ocasiones, el dato aún es capaz de imponerse a un relato falaz, tendencioso e interesado.
Pedro Roldán es portavoz de CCOO en el Comité de Empresa de EMTUSA
