La funcionaria esgrime que tuvo dificultades para acceder a la empresa, no se le facilitó información por un caso de acoso laboral y propone una multa cercana a los 7.000 euros
Más que al debate en un consejo de administración serio y riguroso, el guión aquí expuesto sería un caramelo para una película de serie B con tintes de tragicomedia. Adelantar, como punto de partida, que la empresa de referencia no es otra que Emulsa, la mayor sociedad pública de toda Asturias, con unos ochocientos trabajadores en plantilla, y que, se supone, debe de velar por la pulcritud, entre otras muchas cuestiones, de las calles de Gijón. Ni que decir tiene que es de mayoría de capital municipal y que ello conlleva una serie de obligaciones estéticas y legales imposibles de orillar o, al menos, así debería de ser. Por ejemplo, resultaría impensable que en sus puertas se personase una inspectora de trabajo para supervisar un asunto vinculado con un presunto caso de acoso laboral y que, de mano, no se le permitiera ni entrar a las dependencias y, luego, se le pusieran todos los inconvenientes posibles para poder hacer bien su trabajo. Podría, como apuntaba, resultar impensable, pero fue lo que sucedió. El relato, con más o menos matices, fue reconocido por la gerencia de la empresa a los miembros del consejo de administración, a la vez que se notificaba, por ese motivo, la apertura de un expediente con propuesta de sanción por una cantidad cercana a los 7.000 euros.
No es la primera vez que esta empresa municipal gijonesa se ve envuelta en un asunto de acoso laboral. El inmediato anterior, al menos que se sepa, se remonta a la anterior legislatura socialista con Ana González como alcaldesa y que, tras una escabrosa tramitación, se cerró de manera sorprendente indemnizando al presunto culpable (presunto porque nunca fue ni siquiera juzgado en los tribunales al ser retirada la denuncia por las supuestas acosadas) y, eso sí, condenando a una sanción interna de varios meses de empleo y sueldo en la empresa a su inmediato superior como supuesto encubridor, encubridor, eso sí, de unos hechos nunca probados. El cambio de gobierno municipal tras las elecciones de 2023 y la asunción de responsabilidades de la empresa por parte del Partido Popular nunca aclaró los misterios de aquel rocambolesco desenlace ni se llegó a conocer la cuantía exacta de la indemnización recibida por el presunto acosador al dejar la empresa y acceder a la jubilación, y a fe que algún sindicato lo intentó (se trata de dinero público) hasta verse obligado a arrojar la toalla por la total falta de respuesta de la nueva dirección.
Hace pocas fechas, miGijón se hizo eco de una nueva denuncia de acoso laboral por parte de una trabajadora, asunto que motivó la visita de la citada inspectora de trabajo a las oficinas de Emulsa para recabar información sobre el tema. Fue entonces cuando la funcionaria se encontró con toda serie de dificultades empezando por la expresa prohibición de entrada y, luego, problemas para acceder a la información imprescindible para hacer su labor inspectora, lo que motivó la apertura de un expediente a la empresa con una propuesta de sanción. Según ha trascendido del consejo de administración celebrado hoy, desde la gerencia de Emulsa se adujo una cierta animadversión por parte de la inspectora de trabajo hacia esta sociedad anónima municipal, a la vez que, se argumentó, el caso de presunto acoso venía motivado por una trabajadora conflictiva, sin aclarar los extremos de tal grado de conflictividad. Incluso se llegó a argumentar por parte de la actual dirección del PP que, en el caso ahora tramitado, los hechos, se había producido entre los meses de enero y marzo del año 2023, es decir, al final del pasado mandato socialista en el Ayuntamiento de Gijón.
En cualquier caso, las denuncias por parte de los sindicatos, en especial por la UGT, en los últimos tiempos sobre el funcionamiento de las empresas municipales vienen siendo más que habituales. En la Empresa Municipal de Aguas (EMA) la solicitud, entre otras cosas, es de más personal y en la Empresa Municipal de Transportes (Emtusa) el conflicto se produjo por el cambio y ampliación de horarios en algunas líneas llegando al extremo de dimitir el presidente del comité de empresa. Pero la Empresa Municipal de Limpiezas (Emulsa) suele llevarse la palma en los conflictos con la permanente amenaza de una huelga de limpiezas que pondría en solfa al gobierno municipal. Como se citaba con anterioridad, es la mayor empresa pública de Asturias y no pocas veces, aunque sólo fuera en el debate público y con la boca pequeña, estuvo abierta la posibilidad de su privatización, aunque fuera parcial y en alguno de sus servicios. Se trata, por su relevancia, de un arma política de primer nivel, aunque tampoco se oculta, en muchas ocasiones, el significativo dato de que una quincena de sus directivos tienen un salario superior incluso al que percibe la alcaldesa de la ciudad, una anormalidad gestada a través de los años y de convenios imposibles de revertir.
A poco más de un año de las próximas elecciones locales, las empresas municipales, muy sindicalizadas, son un caldo de cultivo propicio para la batalla política, máxime cuando Carmen Moriyón ya se postuló como candidata de Foro para mantener la Alcadía y será la rival a batir. Su principal oponente, el PSOE, aún guarda las cartas a la espera de unas primarias que aún no tienen ni fecha, pero sí hipotéticos postulantes, hombres y mujeres más que conocidos en los mentideros socialistas, pero que todavía, al menos en público, no se han puesto las zapatillas para iniciar la carrera. La guerra de guerrillas, pues, se juega ahora en otros campos de batalla menos visibles, pero que, a la postre, pueden ser muy efectivos. Las empresas municipales son uno de ellos. Emulsa, en primera línea de combate.
