La edil Marina Pineda acusa al Gobierno local de haber incurrido en una «auténtica chapuza» al poner en servicio los dispositivos meses antes de tener la autorización para ello, y alerta de que podrían llegar a anularse varias detenciones logradas mediante esas grabaciones
Era cuestión de tiempo que un asunto tan delicado como la instalación de cámaras de videovigilancia en algunas de las zonas rurales de Gijón incendiase los ánimos en la palestra política… Y, por fin, ha ocurrido. En el transcurso de una rueda de prensa concedida esta misma mañana, la edil del Grupo Municipal Socialista Marina Pineda ha alertado de que, entre los meses de junio y de diciembre del año pasado tales dispositivos operaron sin la debida autorización legal. Un permiso que, siempre a tenor de lo declarado por Pineda, no llegó a manos de la Concejalía de Seguridad Ciudadana -presidida por la forista Nuria Bravo- hasta el 3 de ese último mes, y que se sumaría a un segundo motivo de crítica: el hecho de que, pese a las afirmaciones de Bravo de que las cámaras habrían estado en funcionamiento desde marzo, no se habrían colocado, como se ha dicho ya, hasta junio, por lo que en esa ventana de tres meses no se habría producido grabación alguna… Sencillamente, porque no había nada con lo que grabar.
Suena complejo, pero Pineda ha tratado de aclarar la cuestión durante su comparecencia. Por lo que respecta al punto más sensible, el relativo al permiso de grabación, el Ejecutivo local no lo solicitó hasta el 16 de junio, cierto, pero la respuesta favorable no llegó a sus manos hasta el 3 de diciembre. Un desfase, a juicio del PSOE, «muy grave», ya que podría derivar en la anulación de posibles detenciones logradas gracias a dichas grabaciones. Y eso, por no hablar de las potenciales consecuencias económicas para el Consistorio, en forma de multas e indemnizaciones. Pero la cosa no queda ahí; según Pineda, la primera autorización de puesta en marcha se solicitó en mayo de 2023, pero caducó y no fue renovada antes de la instalación de las cámaras, demorando hasta abril de 2024 la tramitación de la renovación.
Así las cosas, el contrato se firmó enero de 2025, pero no fue hasta el 20 de junio cuando se formalizó la recepción provisional, y el 5 de agosto, la definitiva. Una «auténtica chapuza», en palabras de la concejala socialista, que considera imperativo que Bravo dé explicaciones sobre el particular; el propio PSOE planteará una pregunta al respecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana de este viernes. En todo caso, se trata de la segunda vez en menos de un mes que los socialistas gijoneses plantean este delicado tema.
