Pelayo Velasco, impulsor de Acción Docente: “Intuimos, aunque posiblemente estemos equivocados, que el proceso ha sido tan subjetivo que no hay manera de defender algunas calificaciones”
Siguen sonando truenos de tormenta tras lo sucedido en las últimas oposiciones a maestros en el Principado. Los errores en el cálculo de los resultados, con listas corregidas y estudiantes que entran y salen del apto, han enturbiado la selección del personal docente en los centros asturianos.
En ese contexto nace Acción Docente, una asociación creada para garantizar los derechos de la gente que ha suspendido el examen en un proceso que definen “carente de transparencia”. Persiguen que se respete el derecho de los estudiantes para “revisar su examen y saber qué han hecho mal”. Son palabras de Pelayo Velasco, impulsor de la plataforma, que recuerda que “no queremos perjudicar a nadie, sólo queremos justicia”.
En una situación compleja, reconoce que existen “unos intereses políticos importantes». Por un lado está la oposición, «que está intentando utilizar este proceso irregular con fines políticos para desacreditar al gobierno», y por otro, está el gobierno y los sindicatos afines, que «están intentando tapar un poco lo que ha sucedido para que no haya consecuencias políticas». Ellos, los cerca de trescientos miembros de Acción Docente, se encuentran en el medio de una guerra que no va con ellos: “Queremos ser neutrales, no tenemos afinidad política”.
No quieren ser un movimiento de protesta negativo, sino devolver la justicia y la transparencia a unos procesos de selección que deberían serlo por naturaleza. Por ello, les molesta especialmente que les acusen de ser “insensibles por pedir que se haga justicia”. Tampoco quieren perjudicar a los que han conseguido aprobar la oposición, pero Velasco advierte: “No podemos renunciar a nuestros derechos para no perjudicar a otros”.
Desde su nacimiento, hace apenas una semana, Acción Docente ha crecido de forma vertiginosa. En la primera reunión eran quince participantes y hoy la lista suma casi trescientos miembros. Buscan no sólo justicia para su proceso de selección, sino que los problemas vividos estos años sean solucionados de una vez por todas. Por ello han basado su asociación en tres pilares básicos: «Denunciar públicamente las irregularidades para que no se repitan; exigir que se respete el derecho a la revisión de sus exámenes, reconocido en la Ley 39/2015, y hacer propuestas de mejora en todas las etapas educativas para que sea más objetivo y transparente».
Pelayo Velasco señala que tienen una lista ya de propuestas, pero que deben someterlas a votación antes de trasladarlas a la Consejería. Reclaman que los exámenes “sean anónimos en su mayor parte”, para evitar posibles sesgos; la creación de un cuerpo especializado de docentes con inspectores que les ayuden y que conozcan muchas realidades educativas para realizar una mejor valoración en las oposiciones, o mejorar el desarrollo de los temarios, ya que, actualmente, “se tienen los epígrafes, pero el desarrollo del tema te lo tienes que inventar tú”.
Desde Acción Docente saben que el proceso puede acabar en los tribunales, aunque afirman que “a nadie le gustaría llegar a eso». Muchos de los que están en Acción Docente se conformarían «con una explicación de por qué han suspendido”. Sin embargo, Velasco comenta: “Intuimos, aunque posiblemente estemos equivocados, que el proceso ha sido tan subjetivo que no hay manera de defender algunas calificaciones. En todo caso, puede ser que se impugne el proceso y se tenga que repetir. Pero la responsabilidad de eso no puede recaer en las personas que solicitan que se respeten sus derechos, sino sobre las personas que han hecho mal el proceso”.
La Consejería, sin embargo, aún no les ha recibido. “Nos pusimos en contacto con Adrián Barbón a través de las redes, y su equipo nos ha dicho que trasladarán la petición a la Consejería. Pero no hemos recibido respuesta. Sabemos que están saturados, quizá esperen a Septiembre”.
