Sánchez confirma desde Dubái la voluntad del Gobierno de implementar dicha medida, sumándose así a países como Alemania, Italia, Grecia o Francia; es una de las cinco acciones planteadas por el Ejecutivo para garantizar «un entorno digital seguro»
Aislamiento social, ansiedad, irascibilidad, trastorno del sueño, potenciales acosos… La lista de males atribuidos a un uso indebido de las redes sociales es larga, variada e inquietante, especialmente si se piensa en el efecto que los mismos pueden llegar a tener en quienes son, a menudo, los más vulnerables de cualquier sociedad: los menores. Pues bien, España está decidida a proteger, al menos, a esa porción más joven de la ciudadanía. En un anuncio que promete desatar un intenso debate durante los próximos días, el presidente Pedro Sánchez ha declarado la intención de su Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Así lo ha manifestado desde Dubái, país en el que esta mañana dirigente nacional participa en el World Gobernments Summit. Y no ha escatimado en críticas hacia tales escenarios digitales, a los que ha calificado como «un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos«. Así, de culminarse dicho objetivo, España se convertiría en otro de los países europeos integrantes de la que Sánchez ha denominado «la Coalición de los Dispuestos Digitales«, y de la que forman parte Alemania, Italia, Grecia o, más recientemente, Francia.
Aunque es mucho, por no decir casi todo, lo que todavía se ignora del alcance y detalles de esta práctica, el dirigente sí ha adelantado que España impondrá a las plataformas digitales la obligación de activar sistemas de verificación de edad realmente efectivos, una exigencia, en la práctica, ya incluida en el borrador de la futura Ley de Protección de los Menores en Entornos Digitales, aprobada inicialmente por el Congreso en septiembre y, actualmente, en fase de tramitación en esa misma Cámara. Y no solo eso. El impedir el acceso de los menores a las redes es solo una de las cinco líneas de actuación puestas sobre el tapete por Sánchez, en aras de lograr «un entorno digital seguro«. El listado también incluye tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación del contenido ilegal, perseguir activamente la manipulación de imágenes mediante herramientas de inteligencia artificial, considerar a los directivos de las plataformas legalmente responsables de cualquier infracción que se cometa, y crear una red de rastreo a aplicar sobre los discursos de odio. El mensaje, ha concluido el presidente, es claro: «tolerancia cero» frente a cualquier ejercicio de coerción.
A la espera de conocer las reacciones tanto de los socios de Gobierno, como de las distintas fuerzas políticas que conforman la oposición nacional, es prácticamente seguro que este paso adelante de Sánchez avivará la polémica a nivel de calle y, por descontado, también en la palestra política. Basta con recordar que, en septiembre, Vox trató de vetar esa misma Ley de Protección de los Menores en Entornos Digitales que actualmente se está tramitando, un intento derrotado por los votos en contra del PSOE, Sumar y Junts per Catalunya. Claro, que el clima entre formaciones no es el mismo que reinaba entonces en las Cámaras… Solo el tiempo dirá si el Ejecutivo logra trazar esa frontera digital ante los menores nacionales y, de ese modo, anotarse una victoria ante el creciente riesgos que dichas plataformas parecen entrañar.
