Una votación fallida en la Comisión de Hacienda obliga a buscar una salida legal para salvar las cuentas de 2025
La tramitación de los Presupuestos del Principado para 2025 encalló este viernes de forma inesperada tras una accidentada sesión de la Comisión de Hacienda en la Junta General. La ausencia del portavoz de IU–Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, en una votación clave provocó un empate que terminó desembocando en el rechazo de la ponencia presupuestaria, abriendo un escenario de incertidumbre jurídica y política que obliga ahora a los servicios legales de la Cámara a buscar una salida reglamentaria.
Vegas restó trascendencia a lo ocurrido y calificó el incidente de “meramente anecdótico”. El diputado explicó que recibió la convocatoria con muy poco margen de tiempo y que, cuando fue notificado —a las 12.17 horas, según precisó—, ya no le era posible llegar al Parlamento. “Ni siquiera me aparecía en la aplicación de la Junta General”, señaló, una vez ya presente en el edificio, mientras se debatía cómo corregir el bloqueo generado.
Desde su punto de vista, el verdadero problema no es su ausencia puntual, sino la reacción de la oposición. “Las derechas están utilizando una cuestión menor para bloquear los presupuestos”, afirmó, en referencia a PP, Foro y Vox. Vegas insistió en que las cuentas “se aprobarán tarde o temprano” y defendió que lo más razonable sería volver a convocar la Comisión de Hacienda para emitir el dictamen y retomar el calendario acordado previamente en la Junta de Portavoces.
La sesión, sin embargo, se cerró con una sucesión de votaciones fallidas. Tras un primer empate, se decretaron varios recesos con la esperanza de recomponer mayorías. En la última votación, y ante nuevas ausencias en los grupos que apoyan al Gobierno, la derecha logró imponerse y la ponencia quedó finalmente rechazada. Un desenlace que obliga ahora a interpretar el reglamento para determinar los siguientes pasos.
La oposición ofrece una lectura mucho más severa de lo sucedido. Desde Vox, Gonzalo Centeno dio por amortizada la ponencia y habló sin rodeos de “desbarajuste” y “vergüenza”. A su juicio, la incomparecencia de un diputado del “socio preferente del Gobierno” en una votación crucial invalida cualquier intento de seguir adelante sin reiniciar el procedimiento. Centeno sostiene que cualquier reactivación exige una nueva convocatoria formal de la comisión, con al menos 24 horas de antelación, y advierte de que la Presidencia de la Cámara tiene plena capacidad para decidir si convoca o no.
También Foro Asturias apunta al calendario como origen del problema. Su portavoz, Adrián Pumares, considera que el cronograma fijado para la tramitación presupuestaria es “tremendamente apretado” y carece de lógica. En su opinión, somete a los diputados a una presión innecesaria y aumenta el riesgo de errores como el ocurrido. Pumares alerta, además, de que el retraso podría desembocar en una prórroga presupuestaria si no hay margen suficiente para aprobar las cuentas antes de que finalice el año.
Mientras tanto, los letrados de la Junta General analizan con detalle lo ocurrido para determinar si el dictamen debe considerarse definitivamente rechazado o si existe alguna vía para reconducir la tramitación sin alterar el calendario. Entre las opciones sobre la mesa figura la convocatoria incidental de una nueva comisión, una potestad recogida en el reglamento. La decisión final, en cualquier caso, queda ahora en manos de los portavoces parlamentarios y de los servicios jurídicos de la Cámara.
