«Esto es una presión constante; me veo en la calle, y no tengo donde ir», lamenta Adoración ‘Dori’ Gabarre

A sus 61 años, con una pensión de 856 euros y dos hijos desempleados, esta vecina de Contrueces corre el riesgo de ser la primera desahuciada este año en Asturias; una posibilidad que lleva seis años esquivando, pero que ya parece muy real

A Adoración Gabarre Jiménez -‘Dori‘ para las personas que disfrutan de su confianza- se le contrae la mandíbula en un rictus de frustración cuando se le formula la pregunta a la que, en estos momentos, tanto le cuesta responder: qué hará si la situación en la que se halla no se resuelve a su favor. «¿Yo qué sé?», responde, a medio camino entre la tristeza y la indignación. «Ahora mismo no tengo a donde ir», añade, tras un par de segundos de reflexión. Porque ‘Dori’ está a las puertas de ostentar el dudoso honor de ser la primera persona desahuciada en Asturias en este 2026. Con 61 años, dos hijos desempleados a su cargo, y una incapacidad reconocida y una pensión de viudedad que, en bloque, suman 856 euros, esta vecina de Contrueces lleva seis años librando un pulso constante contra la propietaria de la vivienda en la que reside desde hace ocho, que reclama el abandono del domicilio tras sucesivos impagos. Una batalla que podría perder en cuestión de pocos meses, a menos que el Principado, o el Ayuntamiento de Gijón, aceleren el proceso de concesión de un alojamiento de emergencia, solicitado desde hace cinco años. Con ese objetivo en mente, ‘Dori’ se ha personado esta mañana en La Gota de Leche, en compañía de Javier Linares y de Jennifer Gutiérrez, representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias. ¿Su objetivo? Simple: forzar una reunión con el área de Vivienda municipal, y lograr para ‘Dori’ y sus hijos una solución habitacional ajustada a sus magros ingresos mensuales.

«No quiero que me regalen nada; no es eso. Solo pido que se entienda lo que estoy cobrando, y que se nos ofrezca un sitio donde vivir que pueda pagar», aclara, desesperada, esta veterana de la venta al por menor, jubilada desde hace años por circunstancias médicas no especificadas. Y es que su realidad no siempre fue tan apurada como actualmente. Desde que se jubilase, y pese a que, en origen la pensión apenas rebasaba los 500 euros, el que percibiese el Salario Social Básico le permitía elevar esa cuantía hasta un total razonable, llegando, incluso, a 1.050 euros en la cresta de la ola. Sin embargo, todo eso cambió en 2020; más o menos a la vez que España se sumía en la tragedia de la pandemia, la Administración descubrió que ‘Dori’ no había dado parte de un cambio de vivienda anterior. Ese error la privó del Salario Social Básico, reduciendo considerablemente su asignación mensual. «Me vi obligada a elegir: o comíamos mi familia y yo, o pagaba el alquiler. Y elegí lo primero», admite. Lo que sí ha hecho desde entonces ha sido abonar los gastos correspondientes, y sus hijos -que hoy tienen 18 y 21 años, respectivamente- «han estado haciendo cursos para formarse, para intentar encontrar trabajo». Pero nada de eso ha sido suficiente. Al poco de iniciarse los impagos de la renta, la dueña de la vivienda «me dijo que nos quería fuera, que quería la casa libre, y cortó la comunicación». Fue el punto de partida de una serie de intentos de lanzamiento bloqueados uno tras otro, hasta ahora.

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«La caída del escudo social la ha puesto contra las cuerdas, como a otras 7.000 familias en Asturias», tercia Javier Linares, elevando un total regional que ayer lunes, en el comunicado emitido para citar a los medios, se fijaba en 1.500 personas en riesgo de desahucio. En cualquier caso, por lo que concierne a ‘Dori’, en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos van clara la injusticia que supone que «las consecuencias de la caída de ese escudo social recaigan sobre una persona como ella; si no hubiese perdido el Salario Social Básico, seguiría pagando la renta religiosamente». Pero lo hecho, hecho está, y ahora los únicos cartuchos que le quedan a ‘Dori’ en la recámara son dos: que se le reconozca la vulnerabilidad, cosa que espera que ocurra en breve, y que la vivienda de emergencia por la que lleva cinco años esperando le sea, al fin, concedida. «De momento, hemos llamado a la puerta del Principado, pero nos valdría que intercediese el Ayuntamiento», profundiza Linares. El problema, prosigue, es que «en la Consejería de Vivienda dicen que no hay ninguna disponible, y que hay que esperar, pero no se puede esperar viviendo en la calle». Su compañera del Sindicato, Jennifer Gutiérrez, intercede para reiterar que «no se está pidiendo un piso gratis para ellos, sino una solución habitacional acorde con los ingresos de ‘Dori’, y con la situación de desempleo de sus hijos. No puede ser que tenga que escoger entre techo y comida; es una elección inhumana».

En las filas del Sindicato esa percepción se endurece a tenor de que, a su juicio, «sí que hay viviendas disponibles; las vemos con las chapas de madera en las ventanas, preparadas para ser ocupadas con solo unas pocas reformas menores». El gran problema, teoriza Linares, es que las Administraciones «están colapsadas; y, con la pérdida del escudo social, esa situación va a ir a peor». Las consecuencias de esa disyuntiva entre techo y comida están erosionando la salud y el ánimo de ‘Dori’. «Es una presión constante durante seis años, sin saber cuándo será el momento en que acabarán sin casa», relata, detallando que «tengo la salud delicada; esto me sube la tensión, y eso no es bueno». Para ella, a la espera de que sus hijos encuentre un trabajo que alivie esta dinámica y, tal vez, les permita ‘volar’ del nido familiar, una vivienda de emergencia se perfila como la balsa salvavidas perfecta. «Son 175 euros mensuales, más gastos; eso sí que, con esos 856 euros que gano, podría pagarlo», asegura. Claro que, advierte Linares, debe existir una voluntad de tender la mano a familias en esta situación. Al fin y al cabo, «es ilógico que programas de vivienda pública lancen pisos al mercado a precios que pueden alcanzar los 650 euros, algo que la mayoría de estas personas no pueden afrontar». Y concluye acotando un aspecto: que, aunque «los propietarios alegan que el escudo social lo pagan ellos, también lo soportamos nosotros, los obreros, con nuestros impuestos. Y eso debería justificar la ayuda que pedimos».