La medida, impulsada por Podemos, levanta suspicacias por su timing y su impacto en las negociaciones políticas clave
El anuncio de una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular ha generado alivio, esperanza y también interrogantes en colectivos y medios especializados que trabajan a pie de calle. El Gobierno ha pactado con Podemos una medida que podría beneficiar a más de medio millón de personas y cuyo primer paso —la tramitación urgente— será aprobado este martes en el Consejo de Ministros, sin necesidad de validación parlamentaria.
Entre quienes siguen de cerca la realidad migratoria en Asturias, el periodista Carlos Jaramillo, del medio especializado Yo Vivo Aquí, reconoce que la noticia ha sido “completamente sorpresiva” y muy bien recibida por una población especialmente vulnerable. “En el entorno en que yo me muevo hay muchísima gente que está en situación irregular y que esto les viene muy, muy bien”, subraya.
La medida permitirá acogerse tanto a personas en situación irregular como a solicitantes de asilo que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025 y llevar más de cinco meses en el país. Para ello, servirán documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o contratos de alquiler, entre otros. Uno de los requisitos clave será carecer de antecedentes penales.
Cuando la solicitud sea admitida a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, el Estado otorgará una autorización de residencia por un año, tras el cual podrá solicitarse una autorización ordinaria.
Pese al impacto positivo inmediato, Jaramillo introduce una lectura más crítica desde el punto de vista periodístico. “Yo entiendo y agradezco el gesto de cara a la población, pero también me preocupa el contexto político, a qué se debe este cambio de criterio”, señala. El periodista recuerda que la regularización extraordinaria ya estaba contemplada en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admitida a trámite en abril de 2024, pero congelada en el Congreso de los Diputados por falta de apoyos.
“Esa ILP solo necesitaba el respaldo del PSOE para salir adelante, e incluso el Gobierno pudo haber hecho esta misma regularización por decreto mucho antes”, apunta. De ahí que surja la pregunta que, a su juicio, flota ahora en el ambiente: “¿Por qué ahora?”.
Jaramillo admite sentimientos encontrados: “Por un lado, feliz por la gente, por mi gente; y por otro, interesado y hasta preocupado por el coste político para el Gobierno”. En este sentido, se pregunta cómo afectará el acuerdo con Podemos a otras negociaciones abiertas, como las que el Ejecutivo mantiene con Junts en torno a la cesión de políticas migratorias. “Se abre un horizonte que deja muchas dudas”, concluye.
El acuerdo llega tras meses de bloqueo parlamentario y reabre un debate que no es nuevo en la política española. La última regularización masiva se remonta a 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una medida similar que benefició a más de 500.000 inmigrantes.
Ahora, dos décadas después, el Ejecutivo vuelve a apostar por una regularización extraordinaria que, según sus defensores, busca dar respuesta a una realidad social enquistada, mientras que voces como la de Jaramillo celebran el alivio inmediato sin perder de vista las incógnitas políticas que el movimiento conlleva.
