Fuentes de la empresa municipal explican que Alcaldía dejó pasar el plazo legal y ahora quiere reabrir el caso de la adjudicación de los contenedores
La fricción interna en el Ayuntamiento de Gijón por el contrato de recogida de ropa usada ha entrado este viernes en una nueva fase. Emulsa, la empresa municipal responsable del servicio y dependiente del área de Medio Ambiente que gestiona el popular Rodrigo Pintueles dentro del gobierno local, ha mostrado su “sorpresa” ante los movimientos de la Alcaldía de Carmen Moriyón (Foro) para tumbar un procedimiento que, según defienden, ya estaba cerrado por vía administrativa. El choque institucional se produce después de que este diario ya avanzara el pasado 27 de noviembre que Cáritas había quedado fuera del nuevo contrato por haber presentado la peor oferta económica.
Fuentes de Emulsa han transmitido a miGijón que la licitación del servicio no fue una decisión discrecional, sino una imposición legal derivada de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. “Tanto el Ayuntamiento como Cáritas estaban obligados a regularizar una situación que llevaba aproximadamente una década prestándose mediante un convenio directo sin concurso público”, señalan desde la empresa municipal.
Ese cambio normativo obligó a sustituir el acuerdo histórico con Cáritas por una licitación abierta. “El nuevo marco legal hacía imprescindible garantizar los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia, para que cualquier entidad pudiera presentar su propuesta y la adjudicación se resolviera conforme a criterios objetivos previamente establecidos”, explican fuentes de Emulsa a este diario.
En ese concurso, Cáritas obtuvo la máxima puntuación en casi todos los apartados técnicos, pero no en el criterio económico, que fue determinante. Insertega Social y Fundación Pueblo para el Pueblo se impusieron porque se comprometieron a prestar el servicio “a coste cero para el Ayuntamiento”, un elemento clave en la valoración final.
Tras conocer el resultado, Cáritas presentó un recurso de alzada. Según explican fuentes de Emulsa a miGijón, ese recurso “formaba parte del procedimiento administrativo habitual” y reflejaba “el legítimo derecho de cualquier entidad a impugnar una decisión que considera lesiva para sus intereses”. Sin embargo, añaden que los informes jurídicos externos recabados por la empresa municipal aconsejaban desestimarlo.
El problema, siempre según el relato de Emulsa, es que los órganos municipales competentes nunca llegaron a resolverlo. “A pesar de las reiteradas solicitudes por parte de esta empresa municipal para obtener un pronunciamiento jurídico claro por parte del Ayuntamiento, la Secretaría General de Pleno y la Alcaldía optaron por no ofrecer respuesta alguna”, trasladan fuentes de Emulsa a este periódico. El resultado fue que el recurso de Cáritas quedó desestimado por “silencio administrativo negativo” el pasado 14 de noviembre.
Para Emulsa, ese dato es clave: el procedimiento había quedado cerrado dentro de la legalidad vigente. Por eso, en la empresa municipal no ocultan su sorpresa ante lo ocurrido ahora. “Nos encontramos con un supuesto ‘informe’, totalmente extemporáneo al procedimiento seguido y completamente fuera de los plazos legales para resolver el recurso administrativo, que desde la Alcaldía se pretende usar como fundamento para anular todo el proceso”, señalan fuentes de Emulsa a miGijón.
Ese informe de la Asesoría Jurídica municipal, encargado por Carmen Moriyón y adelantado este viernes por El Comercio, aprecia presuntas infracciones graves en la licitación, como una definición imprecisa del objeto del contrato o una valoración económica incorrecta al no tener en cuenta la venta de ropa reutilizada. De seguirse ese criterio, el concurso debería anularse.
Pero Emulsa lanza una advertencia clara: hacerlo ahora puede tener consecuencias judiciales y económicas. “Eso abriría la puerta a posibles reclamaciones judiciales por parte de las empresas afectadas, con las consiguientes responsabilidades legales y económicas para las arcas públicas”, alertan fuentes de la empresa municipal.
El trasfondo político del conflicto es imposible de ignorar. Emulsa depende del área gestionada por el Partido Popular, socio de Foro en el gobierno local. La Alcaldía, en manos de Moriyón, se dispone ahora a corregir una adjudicación impulsada desde una concejalía controlada por su socio, reavivando la sensación de fricción interna en el seno del ejecutivo gijonés.
Pese al tono crítico, Emulsa insiste en separar el plano jurídico del humano. “Existe una enorme simpatía y reconocimiento por Cáritas y por la labor que desarrolla en Gijón”, reconocen sus fuentes, pero subrayan que “se ha actuado, hasta ahora, estrictamente conforme a la legalidad vigente”.
“La obligación de una empresa pública es garantizar el cumplimiento de la normativa, la transparencia y la igualdad de trato entre todas las entidades, por encima de cualquier consideración personal o afectiva”, añaden. Y rematan con una advertencia que apunta directamente al corazón del conflicto político: “Cualquier intento de eludir esos principios, aunque esté motivado por buenas intenciones o afecto hacia una entidad concreta, no puede ni debe prevalecer sobre la aplicación de la ley”.
Con Cáritas defendiendo su modelo social y la sombra de una demanda al Ayuntamiento, dos empresas que ganaron el concurso y ahora ven peligrar su contrato, y una Alcaldía dispuesta a reabrir un procedimiento ya cerrado por silencio administrativo, el caso de los contenedores de ropa se ha convertido en una prueba de estrés para el gobierno municipal.
