El juez apunta a presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha acordado avanzar en la tramitación del ‘caso Duro Felguera’ acercando al banquillo de los acusados a la empresa asturiana, a su ex presidente Juan Carlos Torres y a los ex viceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en el país caribeño.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 continúa el procedimiento penal respecto a un total de doce personas y cuatro empresas, accediendo así a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción. Entre dichas personas se encuentran, además de Torres, Villalobos y Alvarado, las mujeres de los ex viceministros venezolanos, María Consuelo Pardí y Milagros Coromoto Torres, y el exCEO de Duro Felguera Ángel Antonio del Valle.
Respecto a esta docena de imputados, el magistrado explica que ahora tanto el Ministerio Fiscal como el resto de las acusaciones personadas deberán decidir si piden la apertura de juicio oral o el archivo de las pesquisas. Moreno, también en línea con Anticorrupción, ordena el sobreseimiento provisional respecto a dos personas que participaron en este proyecto de Duro Felguera, tal y como ha hecho en los últimos días con otros cinco colaboradores. Respecto a ellos, indica que, si bien «los elementos de incriminación han sido suficientes para los efectos de la instrucción», no lo son para ir más allá de esta fase de investigación.
«Las actuaciones de dichas personas, siendo condescendientes con alguna práctica irregular (ilegal) de su empresa, no alcanzan una relevancia penal por cuanto, en primer lugar, no conocían el auténtico contexto de sus acciones y omisiones y, en segundo lugar, carecían de poder de dirección y decisión», expone el juez.
Presuntos delitos de corrupción internacional
En cuanto a la docena de investigados, Moreno apunta a presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por hechos que se remontan a 2009 cuando hubo «una gran crisis energética en Venezuela» que llevó a restricciones y una declaración de «emergencia eléctrica». El instructor relata que, «como una de las soluciones para paliar dicha emergencia se decidió por la administración venezolana la construcción de la central termoeléctrica ‘Planta El Sitio’, en Santa Lucía (estado de Miranda)» con el objetivo de surtir a la Gran Caracas, con 4,5 millones de habitantes.
«Para la adjudicación de esa obra, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguió que se designara a la empresa española Duro Felguera» y «ésta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación», indica. Moreno detalla que, para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro, que firmó «una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil».
En concreto, precisa que se pagaron al menos 105 millones de dólares a Villalobos a través de «sociedades interpuestas» a fin de que «éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil». El magistrado afirma que fue ese «trato de favor» obtenido mediante presuntos sobornos lo que permitió que Duro Felguera consiguiera el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.
