La Federación Asturiana Memoria y República presentará una queja ante el organismo de nivel estatal para obligar al Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado a «cumplir» con la Ley de Memoria Democrática y la supresión del monumento por su «contenido franquista»
Que la Consejería de Cultura del Principado haya rechazado declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento a los ‘Héroes de Simancas’ es buena noticia para la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), pero aún así, la entidad considera que las celebraciones no pueden llegar hasta que no se produzca su eliminación definitiva como elemento escultórico erigido como «auténtica apología del golpe de estado de 1936 y de glorificación, y homenaje público, a sus protagonistas en Gijón», explican en su comunicado remitido a los medios. A pesar de que el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado desatendiese la petición realizada por algunas entidades partidarias a su catalogación, desde FAMYR reivindican que el mantenimiento del monumento vulnera lo contenido en la Ley de Memoria Democrática asturiana tras cinco años desde su entrada en vigor.
«Que las administraciones sigan diciendo que siguen estudiando si dicho monumento tiene contenidos franquistas, es una inacción intolerable que roza la prevaricación por omisión», afean en la Federación. Esta, además, explica que dicha «inacción» no pasa solo por el incumplimiento legal, sino que también tiene lugar en una falta de respuestas a las solicitudes establecidas por la entidad ante el Ayuntamiento de Gijón y ante el Gobierno del Principado, para que se eliminase del espacio. Ninguna de las dos ha sido contestada «pese al transcurso de todos los plazos legales para ello», algo que consideran «injustificable» y «un funcionamiento anormal de las administraciones públicas». La pasividad que FAMYR critica en ambos gobiernos sobre el asunto ha hecho a sus miembros tomar la decisión de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, «para que en uso de sus competencias, por un lado, inste de dichas administraciones a dar cumplimiento a los trámites administrativos procedentes, y por otro lado, haga uso de las mismas para que se garantice el cumplimiento de la citada legislación en materia de Memoria Democrática».
Para la federación de memoria democrática regional, lamentan que «desde las administraciones mencionadas se sea tan escrupuloso en términos legales con quienes siguen haciendo loas a la dictadura franquista, y se incumplan todas las normas administrativas a la entidades que reclaman dicho cumplimiento de la ley» entre las que se identifican. La incomunicación institucional pasa por no haber comunicado «el acuse de recibo» de sus solicitudes «ni la apertura del correspondiente expediente». «No parece de recibo que se sustituyan los cauces legales por declaraciones en prensa para contestar a las peticiones que realizan las entidades memorialistas por los cauces orgánicos adecuados», zanjan.
Dado el correspondiente dictamen del Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural, la entidad considera que el Gobierno del Principado debería «actuar ya de forma definitiva» exigiendo y haciendo cumplir la retirada de dicho monumento, ya que «sigue siendo un insulto a la dignidad de las víctimas del franquismo». Desde FAMYR se continuará, también, impulsando la campaña de recocida de firmas, articulada a través de la plataforma change.org, para lograr apoyo popular suficiente para que las citadas administraciones pasen, de una vez, de las palabras a los hechos, porque la dignidad de las víctimas del franquismo no pueden esperar.
