Como ya ocurriese tras hallarse otro ejemplar herido en Somiedo, el colectivo carga contra el «oscurantismo» que rodea los proyectos de investigación autonómicos; el Principado y la Fundación Oso Pardo niegan que el animal corra algún riesgo
El sonido de los sables ha vuelto a los montes asturianos; de nuevo, con el oso pardo como protagonista involuntario. Casi veinte días después de que el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) y el Gobierno del Principado entrasen en liza por la aparición en Somiedo de un ejemplar gravemente herido que, finalmente, hubo de ser sacrificado, el colectivo animalista ha vuelto a cargar contra la Administración autonómica por el estado de otro ejemplar de dicha especie. En esta ocasión, el foco de inquietud, localizado en Proaza, es la presión ejercida en torno al cuello de cierta hembra de úrsido por el collar de radiomarcaje que luce, demasiado ceñido a juicio de FAPAS; tanto que, advierten sus miembros, entraña un «peligro de muerte» para el animal. Dicha posibilidad ha sido negada categóricamente por la Consejería de Medio Rural y por la Fundación Oso Pardo, alegando que tales collares están especialmente diseñados para evitar cualquier daño, pero sus argumentos no han logrado diluir el clima de confrontación, acrecentado por la marginación a la que, opinan en FAPAS, el Ejecutivo asturiano les somete desde que Adrián Barbón accedió a la presidencia de la región.
«Esa osa corre un alto riesgo de morir estrangulada, o por cualquiera de las causas derivadas de ello», alerta Roberto Hartasánchez, director de la asociación. Ese término, ‘cualquiera’, engloba un variado y trágico abanico de posibilidades al margen de la incapacidad para respirar. Desde que «varíe sus hábitos alimenticios al no poder tragar», en cuyo caso «podría quedar muy delgada, vulnerable y perder la capacidad reproductora», hasta que, directamente, «deje de comer y muera de inanición, o de frío en invierno». Y eso que este año, aclara Hartasánchez, «hay muchísima bellota», la piedra angular de la alimentación de los úrsidos. Todo un manjar que, prosigue, pasa a volverse poco apetecible, o incomible, con ese obstáculo alrededor del cuello. Y hay precedentes. «Un ejemplar radiomarcado que encontramos en León pasó de pesar 170 kilos, que es lo normal, a los 110 después del invierno. Eso debería ser inadmisible; ninguna campaña de seguimiento debería tener ese efecto en los animales», sentencia.
Tan dramática evolución ha sido negada de todo punto por la Consejería de Medio Rural, y no sin explicaciones. Según aclaran de forma oficial desde el área que encabeza Marcelino Marcos, los collares en cuestión, que están «totalmente homologados», se fijan en torno al cuello del oso mediante unas correas de algodón concebidas para ir cediendo conforme esa parte de la anatomía del úrsido crece. Su vida útil teórica es de dos años, al cabo de los cuales se desprende; y, en el caso concreto de la osa de Proaza (si bien el Principado la ubica en Teverga), «se le colocó hace un año y cuatro meses». En esa cuestión ahondaba hace pocos días, por medio de una publicación en su página web, la Fundación Oso Pardo, colaboradora del Principado, detallando que el ejemplar radiobalizado, «una osa adulta de unos quince años», lleva siendo controlada desde que, en abril de 2023, se le puso el collar, tras haber atacado varios gallineros y aproximarse a contenedores de basura en busca de comida. Desde entonces el úrsido «ha pasado un periodo de hiperfagia, cuando los osos engordan para prepararse para el invierno, y de hibernación», y en todos los avistamientos «siempre se la ha visto en un estado similar al resto de osos del entorno«. El último de tales contactos fue el pasado agosto.
La muerte del oso en Somiedo «no fue por la trampa; lleva más de un año sin uso», asegura el Principado
Tales razones, empero, no han convencido en FAPAS. Todo lo contrario. Como después del suceso del oso herido en Somiedo, Hartasánchez percibe «la más absoluta oscuridad» en todo cuanto concierne al plan de captura y seguimiento de osos pardos en Asturias. «No sabemos quién es el director científico de ese proyecto, de qué modo se está financiando, quién es el responsable en caso de mala praxis, cuántos ejemplares han sido radiomarcados… Ni siquiera qué sistemas de trampeo se utilizan, salvo por el modelo ‘Culvert’, que en muchos países está prohibido», clama el director de FAPAS. De nuevo, su memoria se va al oso rescatado el 19 de enero en la localidad somedana de Aguino, cuyas lesiones, sentencia, «eran perfectamente compatibles con un accidente al acceder a una de esas trampas». También sobre ese particular se ha pronunciado la Consejería de Medio Rural, rechazando la posibilidad de que las heridas que llevaron al sacrificio del animal estuviesen vinculadas a la campaña de trampeo. «Esa trampa lleva más de un año sin actividad, no saltó ningún aviso de uso y, además, la puerta en ningún caso podría haber causado semejantes daños», zanjan en el Gobierno.
Con independencia de que el argumento del Ejecutivo asturiano sea preciso o no, Hartasánchez está convencido de que en el Principado se ha perdido «sensibilidad medioambiental» desde la llegada al poder de Adrián Barbón. «FAPAS tiene 41 años, y durante 35 trabajamos mano a mano con la Administración autonómica haciendo censos, luchando contra el furtivismo, creando el sistema de identificación y pago de daños… Hasta que llegó este Gobierno», rememora. Un cambio que cree que responde a «una cuestión meramente política. Barbón viene de la cuenca minera, Juan Cofiño fue secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos (UCA), Alejandro Calvo es hijo del que fuera director general de ese organismo durante años… Es un equipo constituido por personas afines a sindicatos industriales y agrarios y, de hecho, han desmontado la estructura medioambiental de Asturias«. Nuevamente, desde Medio Ambiente lo desmienten, y reiteran que se mantienen colaboraciones con entidades especializadas externas, como la ya cotada Fundación Oso Pardo o el colectivo Oso Asturias. Aun así, Hartasánchez concluye relatando una anécdota reciente: «hace un par de semanas una Consejería, no diré cuál, nos pidió información sobre cuántas aves habíamos anillado… Cuando otra Consejería nos había denegado los permisos para hacerlo. Eso da una visión de la anarquía que hay en estos momentos en la Administración de Asturias vinculada con el medio ambiente«.
