Esta situación nos da entender que la convivencia en Granda entre vecinos y una ITV se la suda al Principado olímpicamente
El gobierno de Pedro Sánchez ha confiado los dos años que le quedan de legislatura a la convivencia. Los indultos de los 9 del procés tranquilizarán las aguas políticas en Cataluña, pero no está tan claro que vaya a suceder lo mismo en el resto de España. En cualquier caso, es la primera gran decisión política que adopta después de haber declarado el estado de alarma. Se podrá criticar el método, pero no la capacidad para tomar una gran decisión que trata de ordenar políticamente la convivencia en Cataluña. Los indultos son legales y, a lo largo de la historia, los ha habido de todos los colores y cada uno podía ser más o menos repugnante pero no creo que haya uno que sea tan oportuno y necesario como este. Curiosamente, toda gran decisión de Pedro Sánchez ha girado siempre en torno a nuestros derechos civiles y fulgía el aura de la convivencia, acertada o equivocadamente. Sea como fuere, lo cierto es que es muy difícil salvaguardar esa convivencia cuando el PP de Pablo Casado saca su lado más montaraz, ese lado ridículo, absurdo, maniqueo y mezquino que resulta tan difícil de digerir, incluso, entre los propios compañeros de partido más liberales y racionales. Casado anuncia que recurrirá los indultos a sabiendas de que son plenamente legítimos. A su manera, practica el filibusterismo.
Como decía más arriba, salvaguardar un espacio de convivencia está siendo el objetivo electoral del sanchismo, y lo curioso es que podría decirse que esa convivencia se extiende a diferentes escalas, incluso, en la local. Las declaraciones de Ana González a propósito de su última reunión con los vecinos de Granda, junto a los concejales Tuero (zona rural) y Patón (urbanismo) que tuvo lugar el lunes, verifican esta reflexión que busca un espacio de convivencia. Sigue sin tener una explicación razonable el desencuentro administrativo y político que subyace entre el ayuntamiento y la consejería de Industria, entre González y Fernández, mientras Adrián Barbón, primus inter pares, se pone de perfil y hace que se vacuna.
Sobre la ubicación de una ITV deberían coexisitir el interés económico y el interés de los vecinos de Gijón, en general, y de Granda, en particular. La alcaldesa ha visto muy claro que la convivencia es posible y ha ofrecido todas las alternativas imaginables al Principado, al menos, todas las que pueden satisfacer los intereses de una ITV, sin malograr el interés de los vecinos de Granda. Lo que no ha conseguido es que Enrique Fernández se baje de la burra y siga empeñado en levantar una ITV sin haber explicado todavía el coste desglosado de la operación.
Esta situación nos da a entender que la convivencia en Granda entre vecinos y una ITV se la suda al Principado olímpicamente. Por otra parte, hay otra serie de principios que van de lo jurídico a lo político que están brillando en el mismo sentido y que, en el seno del socialismo asturiano deberían hacérselo mirar seriamente. La lealtad entre administraciones, la cooperación entre ambas y, en el orden de la confianza política, la complicidad entre compañeros del mismo signo, hacen que este asunto, aparentemente nimio se convierta en un asunto turbio, tan turbio que al Ayuntamiento no le ha costado lo más mínimo interrumpir y torpedear cualquier intento de remodelación, empapelando de informes técnicos el despacho del consejero de Industria. Lo que viene siendo un sabotaje legal en toda regla o, lo que es lo mismo, filibusterismo entre administraciones.
