Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana, comparece en el Pleno a petición del PSOE para explicar si los dispositivos operaron sin autorización entre junio y diciembre de 2025, lo que invalidaría como pruebas las grabaciones tomadas en ese periodo
Los socialistas la acusan de «o haber caído en la ilegalidad, o haber engañado a los vecinos», mientras la aludida se defiende alegando que el permiso de Delegación de Gobierno «tardó en llegarnos medio año; a ustedes se lo dieron en treinta días»
La pregunta lleva orbitando sobre las parroquias rurales de Gijón desde que, a finales del año pasado, se lanzase al aire por primera vez… ¿Son ilegales las grabaciones tomadas por las cámaras de videovigilancia entre el pasado junio, momento de su puesta en servicio, y diciembre, mes en que se obtuvo la autorización de Delegación del Gobierno? Hasta ayer no se sabía, una duda que llevó al PSOE a solicitar la comparecencia de la titular de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, para dar explicaciones. Dicha comparecencia se producía, al fin, este miércoles, en el curso del Pleno de febrero… Y, aun así, la pregunta continúa en el aire. La edil forista respondió a los socialistas, preocupados porque las grabaciones en cuestión puedan ser invalidadas como pruebas, alegando que «todo se hizo con solidez«; que, durante esos meses, las cámaras estuvieron operativas en modo de prueba -lo que solo impide la manipulación de las imágenes, no su captación, como ella misma explicó-, y que, en la práctica, todo nace de una «conspiración» contra el Ayuntamiento.
Como ya ocurriese en enero, cuando se presentó la pregunta, fue la concejal del PSOE Marina Pineda la encargada de exponer los hechos. Unos hechos que, según su relato, comenzaron en 2023, cuando, tomando el testigo del anterior Ejecutivo local, el entrante pidió a Delegación del Gobierno la licencia para dotar a las parroquias más afectadas por los robos a viviendas de una red de cámaras. No obstante, durante ese año el contrato no fue licitado, posponiéndolo para 2024; ese proceso comenzó en abril, pero un mes antes, en marzo, Bravo habría solicitado a Delegación la renovación de la licencia, petición que fue rechazada al no estar la licitación en curso. Tras ocho propuestas de contratación anuladas por diversas razones, el 31 de julio de 2024, por fin, se adjudicó la instalación. La obra, sin embargo, no comenzó hasta marzo de 2025, el mismo momento en que, siempre a tenor de lo dicho por Pineda, «empezó la campaña de propaganda, fotografiándose con vecinos y diciéndoles que ya contaban con sus primeras cámaras». Por fin, el 16 de junio la red empezó a grabar… Y también ese día el Ejecutivo volvió a pedir a Delegación la, hasta entonces, inexistente autorización para hacerlo.
De la invalidación de las grabaciones a multas de hasta 600.000 euros para el Consistorio
Nada habría pasado si, por un milagro de la burocracia, la licencia hubiese llegado ese mismo 16 de junio; no obstante, no fue así. Dejando a un lado que el permiso para tomar grabaciones «es un proceso largo y complejo, pues constituye una intromisión en la intimidad de los ciudadanos«, Delegación tuvo que exigir al Consistorio que actualizase el informe técnico incluido en la solicitud, ya que, aseguró ayer Pineda, «ustedes habían cogido el de 2023, le cambiaron la fecha, se lo hicieron firmar al jefe de la Policía Local y ya; no llevaba ni firma de un ingeniero, ni el visado del Colegio de Ingenieros». Todo ello demoró una labor ya de por sí extensa; de hecho, la licencia de grabación no llegó a manos del Gobierno hasta el 3 de diciembre. Y, para el PSOE, ahí radica el problema. Cargando frontalmente contra Bravo, Pineda la acusó de «mentir por lo que calló; durante todo el verano dio una falsa sensación de seguridad a los vecinos al decir que estaban funcionando, ocultó que lo hacían sin cumplir la ley, y las consecuencias pueden ser muy graves«. Tanto que, de entrada, si se confirma que se tomaron sin la licencia pertinente, las grabaciones «se pueden anular de cualquier procedimiento«. Pero es que, a mayores, el Consistorio «puede ser gravemente sancionado por la Agencia Estatal de Protección de Datos, con multas de hasta 600.000 euros«, concluyó Pineda.
Desde la bancada de Foro, Bravo se aprestó a contestar; lo hizo utilizando como principal munición el pasado. Para empezar, afeó al PSOE estar «instalado en la crítica fácil, destructiva y vacía de contenido«, acusando a sus miembros de «importarles realmente poco la seguridad de los gijoneses». A partir de ahí, la responsable de Seguridad Ciudadana echó la vista a los últimos compases del mandato de la socialista Ana González; concretamente, al 18 de abril de 2023, un mes antes de las elecciones de devolvieron a Foro la alcaldía. Ese día, aseguró una alterada Bravo, «el PSOE solicita a Delegación licencia de instalación, tras más de dos años reclamándola y habiendo presentado una memoria muy básica; en solo veintidós días el expediente se pasa a la Comisión de Videovigilancia, y el 18 mayo autorizaron la instalación por un año«. Para la edil forista, e independientemente de aquel informe técnico inadecuadamente cumplimentado que Delegación exigió a Foro que actualizase, el que «a nosotros la licencia tardó en llegarnos medio año; a ustedes se la dieron en treinta días» podría probar una voluntad deliberada de la Administración central de entorpecer la labor del actual Ejecutivo local. «Cuando al PSOE le interesa, la tramitación es fácil. ¿Me dice que no hay conspiración?«, interpeló Bravo a Pineda al cierre de su comparecencia.
Eso, por lo que respecta a la comparación del trato supuestamente recibido por ambos Gobierno municipales. En lo referente al actual escándalo que rodea a las cámaras, y tras acusar a la edil socialista de «no tener ni idea de lo que está hablando», la concejala de Seguridad Ciudadana adujo ayer que la normativa no permite solicitar la licencia de grabación «hasta que estén instaladas y con evidencias claras de su funcionamiento«. Según aseveró, entre junio y diciembre las imágenes «no se descargaban, ni se manipulaban, aunque podrían haberse usado en caso de delito muy grave«. Y se hizo fuerte en la trinchera de que «nosotros solo hicimos lo que nos pidieron; no hay nada ilegal en eso«. Claro, que Pineda no tardó en asaltar ese parapeto argumental. «Le recomiendo que se lea la Ley Orgánica de Videovigilancia«, sugirió a Bravo. Y es que, prosiguió la socialista, ese texto indica que «la autorización de instalación se debe solicitar antes de poner las cámaras, no después; una vez instaladas, se renueva anualmente, y para esa renovación sí se exige que estén funcionando». En ese punto la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, intervino en defensa de Bravo, inquiriendo a Pineda hasta en dos ocasiones si «está acusando a este Gobierno de haber cometido un delito«. Pero la socialista, abogada de profesión, esquivó el doble ataque de la regidora explicándole que «hay leyes que se pueden incumplir sin cometer un delito, y doy por hecho que esto no fue algo deliberado«.
Un poco fuera del debate quedaron las restantes fuerzas políticas presentes en el Pleno, aunque sí hubo opiniones escuetas al respecto del asunto tratado. Desde Podemos, Olaya Suárez alertó de que «quizá no haya habido ilegalidad, pero sí un engaño a la ciudadanía; se dijo a los vecinos que podían estar tranquilos, dándoles una imagen de falsa seguridad». Y en un sentido similar se pronunció el concejal de IU Alejandro Farpón, quien se preguntó «qué ocurrió exactamente durante esos meses: vecinos engañados o grabaciones ilegales«, reprochando a Bravo que ya entonces «se deberían haber dado las explicaciones pertinentes». Finalmente, la nota discordante la tocó la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco; ella puso en su punto de mira no a Foro, sino al PSOE, al que acusó de estar enquistado «en la eterna incongruencia de su partido«, toda vez que en tiempo de Ana González «fueron ustedes mismos quien es hicieron oídos sordos a las instalaciones de las cámaras solicitadas por los vecinos«. Eso sí, no hizo mención alguna al problema con las cámaras que motivó la comparecencia de Bravo, salvo para exclamar sobre el mismo «vaya ensalada que tenemos, y vaya contradicciones…«.
