
La ciudad está atrapada en un ciclo de conflictos externos y excusas

Gijón se ha convertido en la ciudad que siempre está luchando contra un ‘enemigo’ exterior. El Ayuntamiento parece haber hecho del conflicto su forma de gobierno. No hay semana sin una bronca nueva, una queja, una rueda de prensa para denunciar agravios. Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda, Principado de Asturias, la Autoridad Portuaria, la oposición, Europa… Aquí no se salva ni el bedel del registro. Lo curioso es que casi siempre el guion se repite: Gijón quiere algo, otros no lo hacen como el Ayuntamiento quiere, y automáticamente se lanza la ofensiva mediática. Gijón, «víctima». Gijón, «ninguneada». Gijón, «siempre con razón absoluta».
Uno de los frentes más activos es el vial de Jove. Lo que empezó como un proyecto para aliviar el tráfico pesado del puerto se ha convertido en una batalla abierta entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes. El gobierno local acusa al Ministerio de mentir, de retrasar los plazos, de no escuchar a la ciudad. La alcaldesa exige “la palabra del Ministerio” como si estuviera mediando en una ruptura sentimental, mientras el portavoz municipal califica todo el proceso de “engaño electoral” y asegura que las soluciones propuestas no valen para nada. Mientras tanto, los camiones siguen pasando por el centro de Gijón, pero en vez de buscar soluciones conjuntas, seguimos a palos.
Con la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento también ha montado un buen número. Reclama la cesión gratuita de la franja litoral del antiguo astillero Naval Gijón y afirma que hay acuerdos firmados que lo avalan. Pero el Puerto, por su parte, defiende que ese acuerdo nunca llegó a formalizarse como convenio legalmente vinculante y que, en todo caso, las condiciones han cambiado. Dice que se trata de suelo portuario estratégico, sujeto a normativa estatal, y que no puede entregarse sin compensaciones ni justificación jurídica clara. Desde esa perspectiva, el Puerto no se niega a colaborar, pero pide sentarse a negociar con bases realistas y garantías legales. En lugar de eso, el Ayuntamiento responde con acusaciones de traición institucional y llega a pedir la dimisión de la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí. Una reacción que, en vez de abrir puertas, las cierra de golpe.
Y luego están los fondos europeos para Cimavilla. Tras quedar fuera de la asignación provisional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el director general de Alcaldía, Jaime Fernández-Paíno, salió a cuestionar públicamente el proceso y a sugerir que el Principado había tenido algo que ver en la exclusión del plan integrado Cimavilla 2030. Pero el Ejecutivo autonómico no tardó en responder, y con contundencia. El portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, aclaró que el Principado “no tiene ninguna participación” en esa convocatoria, que es “de carácter estatal” y en la que los ayuntamientos concurren directamente ante el Ministerio. Según explicó, la comisión evaluadora está formada por trece técnicos de distintos ministerios, sin presencia alguna de la administración regional. Peláez lamentó que las declaraciones de Fernández-Paíno “pudieran generar confusión” y recordó que los municipios aún disponen de plazo para presentar alegaciones. En otras palabras: el Principado ni bloqueó, ni evaluó, ni decidió. Pero, una vez más, el relato del agravio local se impuso al de la responsabilidad propia.
Otro encontronazo llegó con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que estaba en la ciudad pero no pudo reunirse con la alcaldesa “por problemas de agenda”. Desde el Ayuntamiento se lamentó la ocasión perdida para pedir una ayuda directa, como la que recibe Barcelona, porque “Gijón no es menos”. Otro capítulo del mismo guion: se reclama algo, no se consigue, y acto seguido se denuncia el agravio.
Por no hablar del Solarón, otro clásico. La ciudad critica la edificabilidad, los rascacielos, las sombras… y el Ayuntamiento responde que tampoco es la ordenación que ellos habrían querido, pero que “es la única posible” porque el Ministerio no cede. De nuevo, Gijón como rehén de decisiones ajenas. Otra vez el papel de víctima resignada.
La sensación que se extiende es la de una ciudad que está constantemente esperando que los demás la salven, la escuchen, le den lo que merece. Que si no hay vial, es culpa del Ministerio. Que si no hay franja litoral, es culpa del Puerto. Que si no hay fondos, es culpa de Madrid. Que si no se construye, es culpa del Principado. Y mientras tanto, Gijón sigue sin soluciones.
Estar a palos con todo el mundo puede dar visibilidad, generar titulares y reforzar un relato. Pero no arregla las cosas. Lo que pierde, al final, no es el gobierno de turno, ni sus siglas, ni sus portavoces. Lo que pierde es la ciudad.
No trates de engañar a la gente por favor, hay una cosa clara y que el Ayuntamiento de Gijón no tiene: COMPETENCIAS!!!
COMPETENCIAS!!!
COMPETENCIAS!!!
Lo digo así en alto para ver si queda claro, igual que ocurre con el peaje del Huerna a nivel autónomico, en todos esos temas que mencionas al gobierno de Moriyon solo le queda una opción porque no tiene????? : COMPETENCIAS!!!
Buen análisis de nuestra realidad. Falta la pedida de financiación del transporte público por la cabezonada de no poner en marcha la zona de bajas emisiones