La ministra de Vivienda se reúne hoy con alcaldes de la Federación Española de Municipios y Provincias para poner coto a la proliferación de pisos turísticos: “Es momento de asumir las competencias como ha hecho el alcalde de Barcelona»
Con la temporada alta del verano a punto de comenzar en España, las administraciones estatales y autonómicas continúan debatiendo cómo gestionar el futuro de los pisos turísticos y evitar una proliferación que tensione el mercado de la vivienda y se convierta en problema para los habitantes de las zonas afectadas. La problemática atraviesa la escala nacional hasta llegar a las calles de muchas ciudades españolas como terminó ocurriendo en Gijón este año, cuando el pasado mes de enero el Gobierno local decidió pausar temporalmente la concesión licencias para establecer nuevas viviendas de uso turístico en los barrios de Cimavilla, La Arena y el centro.
La toma de decisiones en la materia por parte de ayuntamientos es la tónica del discurso que ahora entona el Ministerio de Vivienda, que hoy se reúne con los alcaldes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras convocarles para tratar de poner coto a este fenómeno. La reunión se produce cinco días después de que el pasado viernes, el regidor de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, anunciase su intención de terminar con todos los pisos turísticos de la ciudad en los próximos cinco años. En la Ciudad Condal no se conceden nuevos permisos para viviendas turísticas (VUTs) desde hace una década debido a la moratoria que se mantiene vigente, como se ha hecho en Gijón y que ahora escalará un paso más al revocar aquellas que ya existen. Desde Vivienda han aplaudido la iniciativa indicando que “es momento de asumir las competencias como ha hecho el alcalde de Barcelona» y animando a los ayuntamientos a actuar.
El encuentro con ellos esta jornada sigue al que la ministra, Isabel Rodríguez, ya mantuvo con las comunidades autónomas y tras el que se anunció la puesta en marcha de una plataforma única para monitorizar los pisos turísticos en todo el país. Parte del control de los inmuebles turísticos sería estatal de esta manera, aunque la actividad turística se regule fundamentalmente a nivel autonómico y local. Las primeras tienen transferidas dichas competencias, pero son los consistorios quienes se encargan de la regulación y normativa urbanística.
En ese sentido, el Gobierno del Principado aprobó a finales de mayo la modificación de la Ley de Turismo en Asturias con novedades para endurecer los requisitos para poner en marcha viviendas de uso turístico (VUT), un aumento en las sanciones económicas cuando se infrinja la norma y un aumento en las inspecciones para perseguir con mayor intensidad los alquileres sin licencia -y que comenzará ya mismo en municipios costeros, tal y como ha anunciado el consejero, Ovidio Zapico.
La normativa incluye la declaración de zonas protegidas por parte del Consejo de Gobierno además de permitir a las entidades locales «establecer ciertas limitaciones en estas zonas de especial concurrencia por razones de interés general», según recoge el texto. En ese escenario entraría el Ayuntamiento de Gijón, donde se desconoce todavía el futuro normativo de la oferta turística desde el establecimiento de la moratoria en enero. Los datos revelados en la comisión de Urbanismo del mes de mayo cifran la emisión de 150 licencias de alquileres temporales en otras zonas de Gijón ajenas a la moratoria como Laviada, El Llano, Pumarín o Poniente en los meses desde que comenzase la restricción. El aumento de las VUT en estos barrios en mayor o menor medida prueba que la problemática de la vivienda con el turismo es una cuestión que afecta a la ciudad en general y que ahora se ha trasladado fuera del centro del municipio.
En una entrevista el pasado mes de abril para El País, Rodríguez defendió que “un alojamiento turístico en zonas despobladas, en zonas rurales, va anclado también con el modelo de turismo que el Gobierno defiende», ya que «hay zonas donde los alojamientos turísticos no afectan al derecho a la vivienda y, por tanto, ahí no habría que intervenir”. La única preocupación del Gobierno central, igual que del Ayuntamiento de Gijón y el Principado, son aquellas zonas (véase Cimavilla en Gijón, veáse Llanes en Asturias) son aquellas zonas en las que los pisos turísticos supongan un obstáculo al acceso a una casa, como puede ocurrir con el mercado de la vivienda en el municipio de Gijón al completo.
