El gobierno nacional descarta la solicitud del Ayuntamiento, de más de 9,4 millones de euros, tras determinar que «no se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, ni frente a la Seguridad Social»
A exactamente un mes de los comicios en los que los gijoneses elegirán a la próxima corporación municipal, la ciudad ha encajado un inesperado torpedo en su línea de flotación financiera. El gobierno de la nación no ha incluido a Gijón en el reparto de los 500 millones de euros concebidos como ayudas a municipios de más de 50.000 habitantes para la implantación de zonas de bajas emisiones, y para la transformación digital y sostenible del transporte urbano. Un golpe lanzado por el hecho de que el Ayuntamiento no está «al corriente de sus obligaciones tributarias, ni frente a la Seguridad Social», según apunta la resolución provisional hecha públicas por la Secretaría General de Transportes y Movilidad, y que, en la práctica, deja fuera de juego los más de 9,4 millones solicitados por el ejecutivo local para sufragar cinco proyectos de dicha área.
La previsión del Consistorio era haber empleado ese montante, como acciones de mayor envergadura, en la construcción del corredor peatonal entre la plaza de San Miguel y la playa de San Lorenzo, y en la mejora de la accesibilidad en Cimavilla, tendiendo para ello nuevos itinerarios peatonales. A una escala diferente, se habría implementado una gestión inteligente de la movilidad en dicho barrio, al tiempo que se habrían adquirido cuatro nuevos autobuses de propulsión eléctrica para la flota de EMTUSA, y se habrían electrificado sus cocheras. Todo ello queda ahora en el aire.
Desde el departamento de Innovación y Promoción Local de Gijón su directora, Patricia Zapico, se ha apresurado a desmentir el contenido de la resolución. «El Ayuntamiento está al corriente de pago», ha declarado, antes de adelantar que desde las dependencias municipales «se van a presentar los correspondientes certificados de ello, por por lo que desde el comité del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y desde los servicios jurídicos, se presentarán alegaciones». La duda ahora es si, en caso de que tales alegaciones lleguen a buen puerto, existirá un remanente económico que permita a la ciudad obtener la totalidad, o parte, del importe solicitado.
Más allá de las explicaciones vertidas por el Consistorio, desde la oposición los primeros en reaccionar han sido los integrantes de Foro. El concejal Jesús Martínez Salvador, a la sazón ‘número dos’ de la lista electoral, ha afirmado esta misma mañana que lo sucedido es fruto «de la ineptitud del PSOE», y ha exigido que se depuren responsabilidades en el seno de la corporación. «Cuando tenían que estar preparando y revisando la solicitud de estos fondos, muchos de los protagonistas estaban recogiendo firmas para echar a la alcaldesa», ha continuado el edil forista, y ha concluido recalcando el valor de las ayudas europeas como «herramienta esencial para que la ciudad avance y se modernice».
También su compañera de partido, y ‘número tres’ en la candidatura, María Mitre, se ha pronunciado al respecto. A su juicio, «este tipo de escándalos lo único que demuestran es que el Ayuntamiento tiene que estar en manos de profesionales contrastados; nos jugamos mucho en estos próximos años». Y aprovechó para recordar que «no es el primer gran fiasco de Gijón en este ámbito; en marzo supimos que la ciudad perdió 1,5 millones porque se presentó un proyecto para la construcción de un Centro de Permacultura en Los Pericones en una parcela que no era de titularidad municipal».
