No se puede negar: es la única ciudad de España que incumple la legalidad al no disponer de estación pública de autobuses. Nadie denuncia, nadie acude a los tribunales. Hay más: la zona Oeste tendrá que acudir a figurantes para su manifestación contra los camiones para evitar un nuevo fiasco, y el mamotreto de Talaso tiene diez años de vida extra. Lo dicho, diferentes
No es mi intención polemizar. Ni siquiera puedo aspirar a sacar los colores a una tropa de políticos de todo el espectro lumínico del arco iris, que llevan decenios tomando el pelo, sin pudor alguno, a los gijoneses, prometiendo estaciones, de tren y de autobuses, que nunca llegan ni llegarán. En su lugar, la ciudad convive con paupérrimos apeaderos sin que, ni siquiera y en el caso del transporte de pasajeros por carretera, se cumpla con la legalidad. Dicho de otra manera, tanto la administración del Estado como la del Principado y la local son perfectamente conscientes, o deberían de serlo, de que, en esta materia, Gijón es una “excepción ibérica”, pero para mal. Lo saben muy bien quienes trabajan en el sector del transporte por carretera: la ley nacional obliga, no aconseja ni sugiere, obliga a que toda ciudad española con más de 50.000 habitantes debe de disponer de una estación pública de autobuses. Puede ser más o menos digna o disponer de mayores o menores servicios, pero tienen que tenerla. Gijón, más que sabido es, ni la tiene ni se la espera, salvo en la virtualidad e imaginación de quienes la plasman en hermosos planos tan idílicos como inútiles. Entonces llega la gran pregunta: ¿cómo y quién permite tan prolongada y flagrante ilegalidad?
En Asturias hay ocho localidades que cumplen ese baremo poblacional. Todas menos Gijón tienen su estación pública de autobuses. Vayamos a ejemplos cercanos: León, La Coruña o Valladolid ya las han modernizado, como es el caso de Santander. Ahí están Torrelavega, Laredo y cientos y cientos en toda España que, cumpliendo la legalidad, cuentan con ese imprescindible servicio ciudadano. Gijón no, Gijón es la “excepción”. Los gobernantes, es igual que se hable del PP que del PSOE, incluso de Foro a nivel local, se saltan la ley a la torera y a sabiendas, so pena de pisar unas brasas ardientes que puedan poner en peligro sus respectivas permanencias en las poltronas del poder.
Es muy curioso, así me lo comenta un erudito en la materia, que a ninguna formación política se le haya ocurrido a lo largo de tantos años abrir la espita de los tribunales de justicia, acudir a la vía de lo civil o a la del contencioso-administrativa en defensa de los intereses legales de la ciudad. Se supone que la ley está para cumplirla, ¿o no? Claro que el que quiera pescar peces tiene que tirar antes la caña y el sedal, y el cebo, en este caso, no parece ser muy apetecible para los padres de la patria, ni la nacional, ni la regional y, ni siquiera, de la local. Sin embargo, en una ciudad como Gijón tan amiga de las plataformas reivindicativas y que tanto presume de tejido social, llama la atención que tampoco a ninguna de esas mentes pro ciudadanas haya dado el paso. Valdría la pena sólo para ver las filigranas de magistrados y políticos para salir del embrollo en el que podría meterlos un abogado con colmillo depredador. Entretanto, a seguir ‘disfrutando’ del apeadero privado de la calle de Llanes.
Y hablando de transporte, aunque, en este caso, de mercancías, la excepción gijonesa la marca el acceso de camiones al puerto de El Musel a través de la avenida del Príncipe de Asturias para cabreo monumental de las asociaciones de vecinos del entorno. Cierto es que las cifras que se barajan no siempre son muy rigurosas. Un detalle: el Plan del Aire del Puerto de Gijón, que mide la intensidad media del tráfico en la zona, fija el mismo en 21.500 vehículos al día, de los cuales unos 800 son camiones. Estos datos los tiene tanto el Ayuntamiento de Gijón como el Principado. Importante sería acabar o paliar el tráfico pesado, pero seguirían pasando miles de vehículos de todo tipo por la misma zona salvo que esa pretendida ‘humanización’ del entorno actúe como un milagro balsámico. Los representantes vecinales vuelven a llamar a la movilización general, una osadía si se tiene en cuenta la participación en las concentraciones que se llevaron a cabo las últimas semanas en el entorno de Cuatro Caminos.
El próximo miércoles, con la marcha hacía la plaza Mayor, se podrá valorar el grado de calentura de los habitantes del entorno y la cosa no pinta bien salvo que se acuda a la ayuda de centenares de figurantes porque una movilización del ‘todo Gijón’ resulta quimérica. Como decía aquel eslogan publicitario de hace unos cuantos años, más bien bastantes, ‘el algodón no engaña’. Una foto y un vídeo con miles de manifestantes se puede y debe de remitir al ínclito ministro Puente para que se entere del terreno en el que se juega este partido, si es que ya no lo sabe. En caso contrario, mejor quedarse con la foto en casa y esperar a que los destrozos de la red ferroviaria nacional se lo lleven, al ministro, por delante y que, en un futuro próximo, soplen vientos, y ministros, mejores.
Y ya que hablamos de El Musel, tan de moda en los últimos tiempos tanto por la franja azul como por el abandono de sus ‘dominios’ en la ciudad, digno de una tesis es el caso del mamotreto de Talasoponiente. Su concesión administrativa por 29 años fue otorgada y publicada en el BOE el 25 de febrero de 2006, aunque se adjudicó el 27 de junio de 2005, en tiempos de Paz Fernández Felgueroso como alcaldesa de la ciudad y consejera de la Autoridad Portuaria, de la que era presidente Fernando Menéndez Rexach. Y se adjudicó a una entidad denominada “Gestión, solución y calidad, S. A.”, cuyo máximo responsable era un influyente empresario de la construcción. El impacto visual no es discutible. El éxito popular, efímero. De hecho, ha cambiado varias veces de concesionario. Con todo, cuando la posibilidad de demolición y la recuperación del horizonte podría estar más cercana, Laureano Lourido, como presidente del puerto, le dio en 2018 una ‘vida extra’ hasta 2046. El ordenamiento jurídico español aplicable a las concesiones portuarias tiene esas cosas. En suma, aunque se caiga en pedazos y aporte una imagen de ciudad lamentable, hay mamotreto para rato. Sin duda es otra “excepción gijonesa” nunca bien aclarada desde sus inicios.
Y hablando de aclarar, bueno sería que el ayuntamiento hiciera lo propio con el recinto en el que tiene previsto autorizar la celebración de la próxima edición de la Semana Negra. En no pocos barrios y parroquias crece la inquietud de que les toque el ‘gordo negro’ y los tensiómetros de sus vecinos empiezan a llegar a niveles preocupantes a poco más de cinco meses vista del asunto lúdico cultural. Prolongar el anuncio sólo puede contribuir al paulatino ingreso hospitalario de los posibles afectados por esa borrasca estival cuya mayor belleza estriba, opinan los hipotéticos pacientes coronarios, en tenerla al menos a un par de kilómetros de su lugar de descanso. Mucha suerte.
