Usuarios denuncian discriminación y organizan una movilización para frenar las barreras que podrían expulsarlos de zonas clave de la ciudad
Usuarios de furgonetas camper y autocaravanas de Gijón y del conjunto de Asturias han comenzado a organizarse ante la previsión de que el Ayuntamiento instale gálibos de altura en varios puntos de la ciudad, entre ellos el entorno de El Molinón, el parque de los Hermanos Castro y el aparcamiento de la avenida de Portugal. La iniciativa surge tras la denuncia pública realizada en redes sociales por vecinos afectados, que consideran la medida discriminatoria y piden una respuesta colectiva.
El llamamiento busca unir a propietarios de este tipo de vehículos para coordinar acciones informativas y administrativas. Entre las primeras medidas planteadas figura la creación de un grupo de WhatsApp para centralizar la comunicación y difundir los pasos a seguir, así como el reparto de avisos en vehículos estacionados en la ciudad para ampliar la movilización.
Los impulsores de la iniciativa recuerdan que ya se instalaron limitadores de altura en el parque del Rinconín, lo que redujo la posibilidad de estacionamiento para estos vehículos en la zona. Ahora temen que la medida se extienda a otros espacios habituales de aparcamiento, afectando tanto a visitantes como a residentes que utilizan la autocaravana como vehículo principal.
El debate se sitúa también en el plano jurídico. Los usuarios citan la instrucción PROT 2023/14 de la Dirección General de Tráfico, que establece que las autocaravanas pueden estacionar en las mismas condiciones que cualquier turismo siempre que no desarrollen actividades de acampada, como desplegar mobiliario o realizar vertidos. Según esta interpretación, limitar su acceso mediante barreras físicas podría entrar en conflicto con la normativa estatal de tráfico.
Asimismo, recuerdan que la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Gijón de 2021 fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en noviembre de 2023 por defectos formales, lo que, a su juicio, deja al Ayuntamiento sin una base normativa específica para imponer restricciones diferenciadas por tipo de vehículo que no estén justificadas por razones técnicas o de seguridad vial.
Como primer paso, los afectados proponen presentar solicitudes formales de información al Ayuntamiento para conocer los fundamentos técnicos y legales de la instalación de los gálibos. El objetivo es que el consistorio explique los motivos de la medida y valore su reconsideración.
Mientras tanto, el movimiento ciudadano comienza a tomar forma con la intención de visibilizar la situación y reclamar una regulación que, según defienden, garantice la igualdad de uso del espacio público.
