La entidad sostiene que la adjudicación fue legal y que su cancelación beneficia a quien perdió el proceso
La decisión de suspender el contrato para la recogida de ropa usada en Gijón ha desembocado en un nuevo frente judicial y político tras el recurso presentado por Humana Fundación Pueblo para el Pueblo. La entidad de economía social no solo cuestiona el fondo de la anulación, sino también el propio proceso interno de tramitación que condujo al desistimiento acordado por el Ayuntamiento.
El contrato, promovido por la empresa municipal Emulsa, se había dividido en dos lotes y adjudicado a Humana y a Insertega Social, dejando fuera a Cáritas Koopera, que venía prestando el servicio desde 2014 mediante un convenio directo. La licitación respondía, según la propia empresa municipal, a la necesidad de adaptar la prestación del servicio a la Ley de Contratos del Sector Público y garantizar los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia.
El procedimiento siguió su curso ordinario. Tras la publicación de los pliegos, se presentaron varias entidades y se valoraron las ofertas conforme a criterios técnicos y económicos. Cáritas obtuvo la mayor puntuación en la mayoría de los apartados técnicos, pero no en el económico, que resultó determinante. Humana e Insertega Social se impusieron al comprometerse a prestar el servicio a coste cero para el Ayuntamiento.
Una vez conocida la adjudicación, Cáritas presentó un recurso de alzada. La gerencia de Emulsa, dirigida por Ramón García Cañal, recabó informes jurídicos externos que aconsejaban su desestimación. Sin embargo, el recurso no fue resuelto expresamente por los órganos municipales competentes. Ante la falta de pronunciamiento, y conforme a la normativa administrativa, quedó desestimado por silencio negativo el 14 de noviembre, lo que, según la interpretación de la empresa municipal, cerraba el procedimiento.
Es en este punto donde se produce el giro que ahora centra la controversia. El pasado 7 de enero, la alcaldesa Carmen Moriyón solicitó un informe a la Asesoría Jurídica municipal sobre el expediente de contratación. El documento, fechado días después, apreciaba “infracciones no subsanables” en la preparación del contrato: una definición imprecisa del objeto contractual, errores en la determinación del equilibrio económico y falta de concreción en los medios para acreditar la solvencia de los licitadores.
Con base en ese informe, la Alcaldía dictó el 12 de enero una resolución instando a Emulsa a adoptar los acuerdos que procedieran a la vista de dichas conclusiones. La empresa municipal, presidida por el concejal popular Rodrigo Pintueles, acordó formalmente el desistimiento de la adjudicación para redactar unos nuevos pliegos que corrijan los defectos señalados.
Desde el entorno de Emulsa se subraya que el informe jurídico fue emitido cuando el recurso de Cáritas ya había quedado desestimado por silencio administrativo, lo que, a su juicio, sitúa el análisis en un momento posterior al cierre del procedimiento. Esta secuencia temporal es uno de los elementos que alimentan el debate interno sobre si el expediente estaba jurídicamente concluido cuando se decidió retrotraer todo el proceso.
Humana, por su parte, ha presentado un recurso de reposición contra la resolución de Alcaldía y un recurso de alzada en el que solicita ser indemnizada “por todos los gastos y perjuicios derivados del acuerdo de desistimiento”. La organización sostiene que el contrato fue ganado “limpiamente, tras un concurso público conforme a la ley” y que se ha sustituido el criterio técnico y jurídico aplicado durante la tramitación por “una decisión política sobrevenida”.
En su argumentación, la entidad pone el foco precisamente en el recorrido administrativo del expediente: la publicación de los pliegos, la valoración técnica, la resolución del órgano de contratación y la desestimación por silencio del recurso presentado por Cáritas. A su juicio, alterar ese resultado cuando el procedimiento ya había seguido todos sus hitos formales genera inseguridad jurídica y rompe las reglas de la contratación pública.
El conflicto ha reabierto además una brecha política entre los socios del gobierno local, Foro y Partido Popular, al afectar a una adjudicación impulsada desde el área gestionada por el PP y finalmente frenada por iniciativa de Alcaldía. Más allá de la disputa partidista, el caso se centra ahora en determinar si el desistimiento fue la consecuencia obligada de defectos graves en la preparación del contrato o una decisión adoptada cuando el procedimiento ya había agotado sus fases esenciales. La resolución de los recursos presentados por Humana marcará el siguiente capítulo de un expediente que ha pasado de ser una licitación técnica a convertirse en uno de los asuntos jurídicos más delicados del mandato municipal.
