El colectivo se confiesa «decepcionado» por la postura del sindicato ANPE en las negociaciones con Educación, que ha pedido aplazar el diálogo hasta la presentación de informes jurídicos que «asienten cualquier medida que se tome»
El último capítulo hasta la fecha del drama que el profesorado interino de Formación Profesional (FP) sin titulación universitaria sostiene con Educación no ha dejado, podría decirse, un buen sabor de boca en una parte de sus protagonistas. La mesa de trabajo celebrada este jueves por el director general de Personal Docente, César González, y por los representantes de los sindicatos CCOO, UGT, SUATEA, CESIF y ANPE no arrojó una solución clara al problema que padece el colectivo de educadores; el mismo que, hace una semana, reclamó la disolución de la bolsa de trabajo propia en la que se halla desde la supresión del cuerpo de Profesores Técnicos, y su inclusión en la lista general de interinos de personal docente. Esa posibilidad, finalmente, no se tornó en realidad ayer, y las afectadas acusan de ello a ANPE, que condicionó su apoyo a que la Consejería presente informes jurídicos que apuntalen la legalidad de cualquier cambio normativo. En todo caso, las partes se encontrarán de nuevo el miércoles para tratar de desbloquear la situación.
Tal como confirmó el área autonómica de Educación al término de la mesa, en los próximos días se analizará la viabilidad jurídica de la propuesta presentada de manera conjunta por CCOO, SUATEA y CSIF, que plantea una modificación de la norma vigente para permitir esa absorción de la bolsa de interinos de FP. No obstante, el propio César González recordó ayer que en marzo de 2023 la Consejería a ese profesorado, ocho personas en la actualidad, una alternativa para que pudiera seguir trabajando: mantener activa la lista de personal interino del cuerpo 591, «que es a la que han pertenecido siempre». Esto ha permitido que sigan realizando sustituciones de funcionarios pertenecientes a su mismo cuerpo y especialidad y, excepcionalmente, de funcionarios de Secundaria con una lista agotada. «Gracias a esta solución, siete interinos docentes técnicos de FP sin titulación universitaria han podido trabajar a lo largo del curso académico recién terminado«, concluyó González.
Así la cosas, la principal razón por la que ayer no se tomó una determinación fue, siempre según la Consejería, la existencia de posturas discrepantes entre los sindicatos. Y es ahí donde cobra especial relevancia la posición adoptada por la delegación asturiana de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE). Tal como su presidente, Gumersindo Rodríguez, ha detallado esta mañana, la que es la fuerza sindical del profesorado más potente en la región no dará su apoyo hasta que la Secretaría General Técnica de Educación presente informes que asienten jurídicamente cualquier medida o acuerdo. Un recelo motivado, en última instancia, por un hecho objetivo: de llevarse a cabo la petición de las afectadas, ello supondría que pasarían a estar en igualdad de condiciones en la lista con sus compañeros que sí tienen titulación universitaria. «Si esto se hace mal, la cuestión puede verse judicializada por los afectados de los listados de Secundaria, que pueden sentirse perjudicados, ya que ellos sí cumplen todos los requisitos de acceso a la función pública docente«, ahonda Rodríguez. E incide en que «ANPE no está en contra, pero tiene que hacerse de acuerdo con la ley«.
Sin embargo, esa maniobra caía como una bomba sobre las docentes interinas de FP, que se confiesan «decepcionadas» ante lo que interpretan como una falta de apoyo del sindicato. «Esperábamos ver la luz al final del túnel, pero nos hemos encontrado con otra piedra en el camino», lamenta su portavoz, Carmen González, cansada, como sus compañeras de fatigas, de una tesitura que «es una agonía con mayúsculas, por no decir que es una tortura«. Y es que, insiste, la prudencia de ANPE carece de sentido para ellas, toda vez que «el Ministerio ya legisló sobre ello, y se ha hecho lo mismo en otras regiones de España; Asturias sigue siendo la excepción«. Tampoco el argumento del posible agravio comparativo entre ellas y los titulados universitarios convence a González, en tanto en cuanto «ya pesa sobre nosotros una limitación, la de presentarnos a oposiciones, que ellos no tienen». Por todo lo anterior, el desconcierto se ha asentado entre las afectadas. «Estamos ante un panorama que nos avoca a la precariedad. ¿Por qué se nos martiriza de esta manera?«.
Aun así, tanto González como el resto de las profesoras de FP sin título universitario retienen un atisbo de esperanza, de confianza en que el miércoles se llegue a un arreglo que les permita «trabajar, que es lo único que pedimos; tenemos décadas de experiencia y mucho que aportar todavía». A ello contribuye la predisposición de la Consejería, «que ha cumplido su palabra, y contra la que no tenemos nada que decir», y de las restantes fuerzas sindicales, de las que esperan que ejerzan de motor para que ANPE, a la postre, modifique su postura. No obstante, González arroja una advertencia: si esta situación que ven injusta prosigue sin arreglo, «estamos dispuestas a lo que sea, hasta a ir a la huelga de hambre. No se nos puede martirizar de esta manera. No nos lo merecemos…».