Mientras el cantante habla de una campaña de desprestigio, las denunciantes anuncian que seguirán luchando por justicia
Julio Iglesias ha reaccionado con dureza al archivo de las diligencias de investigación abiertas contra él por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha concluido que la Justicia española no es competente para investigar los hechos denunciados —presuntamente ocurridos en 2021 en República Dominicana y Bahamas— y ha decretado el cierre del caso sin entrar a valorar el fondo de las acusaciones.
Para el cantante, la decisión llega tarde. En declaraciones al medio OKDIARIO, Iglesias denuncia el daño causado a su imagen pública tras la difusión de las acusaciones. «Me han jodido mi reputación. ¿Y ahora qué?», ha afirmado el artista, que considera que no se respetó el principio de presunción de inocencia y que se produjo un auténtico linchamiento mediático.
El artista subraya que la Fiscalía archivó el caso en menos de un mes y sin practicar diligencias, limitándose a constatar la falta de competencia territorial. «La Fiscalía archivó, como no podía ser de otra manera, pero el daño ya está hecho», insiste Iglesias, que acusa a determinados medios de presentar las acusaciones como hechos probados sin respaldo judicial.
Mientras el cantante anuncia que mantendrá un perfil bajo, su equipo jurídico estudia una ofensiva legal. Sus abogados están recopilando publicaciones y emisiones que consideran difamatorias, analizando en qué jurisdicciones podrían interponer demandas y cuantificando los daños económicos y reputacionales sufridos. Iglesias no descarta incluso acudir al Tribunal Constitucional para pedir amparo por la actuación de la Fiscalía.
En paralelo, las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las dos exempleadas que denunciaron al cantante, han calificado de “lamentable” la decisión del Ministerio Público y han anunciado que las mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.
En un comunicado conjunto, ambas entidades critican que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya archivado la investigación por falta de jurisdicción, al entender que se pierde la oportunidad de analizar a fondo la culpabilidad o no del denunciado. Las organizaciones sostienen que no ha existido un examen completo de la evidencia aportada y recuerdan que los convenios internacionales de Varsovia y Estambul obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, aunque los hechos hayan ocurrido fuera de su territorio.
Las denunciantes, identificadas como Rebeca y Laura, han pedido que se respete su privacidad mientras deciden sus próximos pasos legales. Según el comunicado, temen represalias, pero reiteran su intención de seguir adelante por las vías judiciales que consideren oportunas. El archivo en España, sostienen, no cierra el caso.
