La Fiscalía subraya que el dióxido de cloro es un riesgo para la salud y no está autorizado para tratar ninguna enfermedad
La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado una multa para un hombre acusado de prescribir a una mujer un tratamiento a base de dióxido de cloro, el cual le causó lesiones cutáneas y problemas intestinales. La vista oral del caso está programada para este martes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón a las 10:40 horas.
En octubre de 2021, el acusado, quien trabajaba en un centro de medicina integrativa en Gijón, atendió a la víctima, nacida en 1978, que sufría de fibromialgia, colon irritable, depresión y dolores articulares y musculares. A pesar de no tener titulación médica, el acusado le prescribió dióxido de cloro, indicándole tomar 5 ml diarios disueltos en un litro de agua.
A las 48 horas de iniciar el tratamiento, la mujer comenzó a presentar lesiones pruriginosas que evolucionaron a ampollas en sus muslos y región supraclavicular, eritemas en la frente y un agravamiento de su diarrea. Aunque contactó con el acusado, este restó importancia a las lesiones y le insistió en continuar con el tratamiento.
El 15 de octubre de 2021, la víctima acudió al hospital de San Agustín en Avilés, donde se le diagnosticaron y trataron las lesiones cutáneas por intoxicación por cloro y problemas gastrointestinales. Permaneció hospitalizada cinco días y tardó 182 días en curar completamente, quedando con manchas de hipopigmentación en varias partes del cuerpo y un empeoramiento de su estado mental.
La Fiscalía subraya que el dióxido de cloro es un riesgo para la salud y no está autorizado para tratar ninguna enfermedad. Por estos hechos, se considera que el acusado cometió un delito de lesiones por imprudencia grave, según el artículo 152.1.1º del Código Penal.
La Fiscalía solicita para el acusado una condena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, y en caso de impago, un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. Además, se pide una indemnización de 7.630 euros para la víctima por el tiempo de curación, 2.000 euros por las secuelas, y 2.431,24 euros al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) por los gastos médicos, más los intereses legales correspondientes. La aseguradora del centro y la propietaria del mismo, también procesada, responderán subsidiariamente de estas indemnizaciones.
