El procesado, para el que se piden 22 meses de prisión, colgó el anuncio de un piso en cierto portal inmobiliario, pese a ser consciente de que no podría tener la vivienda libre; incluso pidió prestado dinero para pagar la fianza de otro inmueble
A estas alturas, cualquiera mínimamente conectado con la realidad cotidiana sabe del abrumador problema inmobiliario de que adolece toda España, sin que Asturias se libre de sus efectos. Y, en ocasiones, ese desequilibrio de precios al alza, escasa oferta y necesidad de un domicilio lleva a ciertas personas a tratar de sacar provecho… Aunque, a veces, con consecuencias. Ese es el caso de cierto hombre que mañana lunes será juzgado en las dependencias de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, como presunto autor de un delito de estafa agravada en el alquiler de un piso que se halla en Gijón, y que puso a disposición de potenciales clientes aun a sabiendas de que no lo tendría libre para que ese nuevo ocupante se instalase en él. La víctima, una mujer, llegó a pagarle 650 euros; una cantidad relativamente pequeña, pero que podría hacer que el procesado pase hasta un año y diez meses en la cárcel, por no hablar del reintegro de dicha cuantía más intereses, y del pago de una multa de una multa de 2.700 euros.
Según figura en el escrito presentado por el Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron el 12 de marzo del año pasado. Ese día la mujer contactó con el hombre, interesándose por un piso que, previamente, había anunciado en un conocido portal inmobiliario. Para entonces, el ahora juzgado ya sabía que no podría contar con la vivienda, un detalle que no le impidió aceptar los 650 euros, en concepto de reserva, que la víctima le transfirió. Ni qué decir tiene que esta última no logró instalarse en el inmueble en cuestión; es más, ha trascendido que el anunciante fraudulento llegó a tener que pedir a terceras personas que le prestasen dinero para hacer frente al pago de la fianza de otra vivienda. En fin, un cúmulo de circunstancias que, para la Fiscalía, son constitutivas de un delito de estafa agravada, al afectar a un bien básico, como es la vivienda.
