La campaña, organizada por el sindicato CNT y el Grupo Sofitu, aspira a alcanzar un mínimo de 70.000 euros, y un ideal de 120.000, para sufragar las multas, costas judiciales y necesidades personales de las personas condenadas
Basta abrir un periódico cualquiera, miGijón mismamente, para comprobar hasta qué punto las crisis parecen dominar la actualidad cotidiana: enfrentamientos políticos, conflictos bélicos en el extranjero, una DANA que ha arrasado el Levante español… Y, sin embargo, entre ese cúmulo de frentes a los que dedicar atención, una causa, la de ‘Las 6 de La Suiza‘, parece no perder ni un ápice de su fuelle. Apenas dos semanas después de que la Confederación Nacional de Trabajo (CNT) y el Grupo Sofitu pusiesen en marcha su particular campaña de recaudación de dinero para apoyar económicamente a las seis personas condenadas, ya son 39.007 los euros obtenidos gracias a las aportaciones de colectivos y particulares. Un montante que hace cada vez más cercano el mínimo establecido de 70.000 euros, y el óptimo de 120.000.
La iniciativa, que continuará activa durante otros veinticinco días, al menos, surgió ante la necesidad de brindar apoyo a las afectadas y a sus familias a la hora de sufragar las multas que se les impusieron, las costas de los procesos judiciales y, por descontado, sus necesidades personales, tanto dentro como fuera de prisión. No obstante, desde ambas entidades organizadoras confían en que, más allá de la dimensión económica, esta masiva respuesta contribuya a abrir un debate que derive en la revisión del Código Penal. El objetivo último es que «no se pueda castigar a los trabajadores y trabajadoras por el simple ejercicio de sus derechos básicos, porque las condenadas no son culpables de los delitos de que se las acusa».
En este punto, conviene recordar que los condenados son cuatro mujeres, un hombre y una trabajadora de la pastelería La Suiza, protagonistas de las concentraciones convocadas por la CNT frente a dicho negocio hace ahora siete años. ¿El motivo? Presionar a su gerencia para que pactase la salida de la empleada en cuestión, que previamente había denunciado haber sido víctima de acoso sexual y la imposición, por parte de sus jefes, de tareas que ponían en riesgo su embarazo. Tras un largo proceso judicial, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) como el Supremo (TS) refrendaron la condena a tres años y medio de cárcel impuesta por Juzgado de lo Penal Número Uno de Gijón, al entender que aquellas protestas constituyeron delitos de coacciones graves y contra la Administración de Justicia.
