Lo que nació como una medida de apoyo se ha convertido, para muchos, en una fuente de angustia y desgaste emocional
La prestación por Cuidado de Menores Afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave (CUME) es un derecho reconocido a nivel estatal que permite a los progenitores reducir su jornada laboral y seguir percibiendo el 100% de su salario cuando deben atender a un hijo menor con una enfermedad grave o terminal. Tal y como explica el letrado laboralista Adrián Rivas, de Servanda Abogados, “se trata de una ayuda pensada para los casos más delicados, como el cáncer infantil u otras patologías muy graves. Su finalidad es que los padres puedan acompañar a sus hijos en los tratamientos sin que eso implique perder sus ingresos”.
El marco legal de la CUME está definido por el Real Decreto 1148/2011, que regula esta prestación a través de la Seguridad Social. Sin embargo, su gestión y seguimiento recaen sobre las mutuas colaboradoras, entidades privadas que revisan cada cuatro meses los expedientes y deciden si la familia sigue cumpliendo los requisitos. Ese control, denuncian muchos padres, se ha convertido en una fuente de presión e incertidumbre.
“Cada revisión supone una montaña rusa emocional”, subraya Rivas. “Las mutuas tienen un margen de discrecionalidad que en ocasiones roza el abuso. Se cuestionan informes médicos, se piden documentos imposibles o se interrumpen pagos sin previo aviso. Es un proceso especialmente cruel si pensamos que hablamos de familias con hijos ingresados o en tratamientos muy largos y dolorosos”.
La CUME puede solicitarse con una reducción mínima del 50% de la jornada, aunque puede llegar hasta el 99,9%, permitiendo así a los progenitores dedicarse casi por completo al cuidado del menor. Aun así, muchos afectados señalan que el sistema está lleno de obstáculos. Según el abogado de Servanda, “hemos visto casos en los que se deniega la prestación por motivos formales o porque el menor, pese a seguir enfermo, ha mejorado lo suficiente para acudir unas horas al colegio. Las mutuas interpretan eso como una recuperación, cuando la enfermedad sigue ahí”.
Las asociaciones de familias, como ASFACUME, reclaman que la supervisión de esta ayuda pase a manos de la Seguridad Social para evitar arbitrariedades. “El objetivo de la norma era proteger, no castigar”, recuerda Rivas. “Pero el exceso de control burocrático ha convertido un derecho en una carga. Lo razonable sería que el seguimiento se basara exclusivamente en criterios médicos y no en decisiones administrativas”.
En España, más de 15.000 familias dependen de la CUME para poder atender a sus hijos. Para muchas de ellas, esta prestación no solo garantiza una estabilidad económica mínima, sino también la posibilidad de ofrecer cuidados dignos y presencia en los momentos más duros. “Hablamos de padres y madres que viven en hospitales, que no duermen, que acompañan a sus hijos entre quirófanos. La ley les reconoce ese derecho, y lo que hace falta ahora es que se respete sin humillaciones ni trabas”, concluye Rivas.
